Las comisiones unidas de Justicia, Derechos Humanos, Gobernación y Estudios Legislativos del Senado, aprobaron por unanimidad el dictamen que expide la Ley Nacional de Ejecución Penal.
La norma será de orden público y de observancia general de la Federación y las entidades federativas. Su objetivo principal es la reinserción social de quienes están encarcelados.
Establece el beneficio de la libertad anticipada a todas las personas que hayan sido sentenciadas con pena privativas de la libertad por la comisión de los siguientes delitos: robo cuyo valor de lo robado no exceda de 80 salarios mínimos y cuando en la comisión del delito no haya mediado ningún tipo de violencia.
Por posesión sin fines de comercio o suministro de Cannabis, siempre y cuando el monto encontrado no exceda de cinco kilos.