La Comisión Permanente solicitó a la Secretaría de Gobernación (Segob) que entregue un informe sobre el diagnóstico, registro y acciones de atención al desplazamiento interno de poblaciones, particularmente por la violencia que provoca el crimen organizado.
Los senadores y diputados expusieron que el problema de los desplazados se registra en 11 estados; sin embargo, su atención no está incluida en el presupuesto anual de la Federación.
Señalaron que Chiapas es un ejemplo claro de este fenómeno, pues según estudios del Consejo Noruego para Refugiados, de 25 mil desplazados que había, pasó a un millón de personas.
Los legisladores reconocieron que los desplazados se mantuvieron invisibles en el panorama nacional en los últimos seis años.
Indicaron que el fenómeno sólo se registraba en Chiapas debido a la intolerancia religiosa, problemas agrarios e incluso por proyectos de desarrollo.
Apuntaron que el desplazamiento de personas representa ya un “foco rojo” en el país, y recordaron que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) señaló en su momento que este problema se debe atender desde el ámbito legislativo.
Los legisladores urgieron al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) realizar un diagnóstico sobre la situación de los desplazados.
También comentaron que se deben emprender reformas a la Ley de Población para que se reconozca a los desplazados como un sector de gran vulnerabilidad ante el crimen organizado.
Destacaron que, según el informe “Derechos Humanos de los Migrantes y otras Personas en el Contexto de Movilidad Humana en México” de 2014, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) resalta que la principal causa del desplazamiento forzado interno en México expresa la situación de violencia.