De acuerdo con datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR), el desplazamiento forzado interno no sólo tiene un crecimiento acelerado sino ha alcanzado niveles sin precedentes en todos los países del mundo.

Por este motivo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recomendó al Poder Legislativo revisar la Ley General de Víctimas con el fin de eliminar las restricciones que impiden al Estado reconocer a quienes padecen desplazamiento forzado interno, y puedan así acceder a los beneficios que la norma prevé para su protección y reparación integral del daño.

En el “Informe especial sobre desplazamiento forzado interno en México”, la CNDH también planteó al Congreso analizar y discutir la posible elaboración de una ley general sobre este fenómeno donde se plasmen los derechos de las personas que se han visto obligadas a abandonar sus lugares de residencia.

Esta ley tendrá que incluir los deberes del Estado, las acciones de prevención y control, así como las sanciones para quienes incumplan con la ley y considerar el impacto económico.