ALBERTO VALDERRÁBANO
El consumo de drogas refiere directamente un problema de salud y no sólo de seguridad, por lo que el Gobierno Federal promueve un plan para “virar” la estrategia en la materia e impulsar acciones que aborden de lleno el problema de las adicciones, en lugar de mantener como prioritarias las tareas de persecución y combate al crimen organizado.
Bajo este panorama, se pretende redefinir las políticas relativas a la persecución y castigo de quienes se dedican al negocio ilegal de las drogas al tiempo que también se establecen mecanismos para atender médicamente a quienes han caído en el consumo de algún tipo de narcótico.
En México hay un gran rezago en la prevención de la adicción a las drogas. Los gobiernos –principalmente los emanados de Acción Nacional, como el de Felipe Calderón– se han dedicado más al protagonismo en los medios de comunicación mediante el combate a las mafias de los estupefacientes, que a la aplicación de programas de prevención y ayuda efectiva a los farmacodependientes.
Por ello, la propuesta considera que en esta “batalla” contra la adicción haya una mayor intervención de las autoridades sanitarias y no sólo de las que participan en las áreas de seguridad.
Este es el planteamiento que México presentará en la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el problema mundial de las drogas (UNGASS 2016), programada del 19 al 21 de abril en Nueva York, Estados Unidos.
“México está buscando enriquecer la estrategia internacional con elementos que hasta ahora no han sido considerados en la aplicación de políticas que lleguen a ser verdaderamente más integrales y equilibradas. Me refiero a la dimensión del problema mundial de las drogas como un asunto de salud pública”, apuntó el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Miguel Ruiz Cabañas.
Sin estigmas
La violencia directa o indirectamente asociada con la aplicación del actual esquema punitivo en el combate a las drogas no puede desvincularse de una serie de efectos adversos que han propiciado violaciones a los derechos humanos o que han conformado situaciones de vulnerabilidad o riesgo, las cuales van desde los daños a la estabilidad y tejido social, hasta las desapariciones y homicidios.
Así lo señaló el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, quien puntualizó que el adicto no debe verse como un delincuente.
Por el contrario, manifestó, el control de la adicción debe abordarse como un problema de salud pública y salud social, que reconoce diferencias entre las drogas y los riesgos al consumirlas.
Quienes consumen narcóticos conforman el conjunto de personas más proclives a ver afectados sus derechos humanos por parte de las autoridades, así como a ser sujetos de abusos y vejaciones de quienes distribuyen y comercializan dichas sustancias, advirtió el ombusdman nacional.
González Pérez agregó que se deben tomar en cuenta los derechos humanos como eje fundamental de toda política y parámetro de validez de cualquier acción que se emprenda en el ámbito de drogas: “Las personas, el conjunto de sus derechos, sus realidades, necesidades y las condiciones para el mejor desarrollo de sus vidas, deben ser consideradas y atendidas en toda medida que se adopte”, puntualizó.
José Alberto Rodríguez Calderón, subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR), coincide que el consumo de drogas es un problema de salud pública, por lo que no debe ser criminalizado; por ello, se pronunció por un trabajo conjunto para atender los problemas sociales ocasionados por la utilización de este tipo de sustancias y garantizar un mejor acceso con fines médicos y científicos.
El funcionario federal recordó que México ha propuesto diversas acciones para atender esta problemática, de modo que se puedan generar respuestas más inteligentes en favor del desarrollo de la salud pública y los derechos humanos.
Asimismo, se pronunció en favor de mantener un frente común ante la delincuencia organizada internacional, cerrar los espacios a las operaciones financieras y alienar los esfuerzos internacionales para el desarrollo, inclusión y el bienestar de las personas.
Fórmula probada
Cuando la persona dependiente de las sustancias prohibidas decide por su propia voluntad someterse a un tratamiento, las penas suelen ser menores, resaltó el oficial de Cooperación Nacional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México (UNODC), Javier Hernández.
Explicó que en los países donde hay penas más severas para los consumidores, portadores de drogas o narcomenudistas, la cantidad de presos es mayor que en otras naciones, lo que trae como consecuencia otros gastos significativos para la comunidad, que no incluyen la disuasión del consumo de drogas.
Abundó que la reclusión de consumidores presenta no sólo problemas de hacinamiento, sino incremento del consumo de alcohol y otras drogas durante el periodo en el que se cumplen las condenas, a lo que se suma una “instrucción” en asuntos delincuenciales al interior de los centros penitenciarios.
Explicó que los sistemas de tratamiento para drogodependencias están clasificados en tres tipos: farmacológico, psicosocial y servicios de rehabilitación social y postratameinto, los cuales son menos frecuentes en los sistemas penitenciarios que en el ámbito comunitario.
Javier Hernández señaló que no sólo se utiliza un enfoque punitivo y represivo al consumo y posesión de drogas, sino que al interior de las instituciones penitenciarias es difícil encontrar las capacidades suficientes para proveer un servicio integral de tratamiento.
Por lo tanto, el representante de la ONU externó que la educación, la prevención, el tratamiento de la atención interior, la rehabilitación y la reintegración social, pueden sustituir eficazmente las sanciones penales impuestas por delitos relacionados con drogas.
Roberto Gil Zuarth, presidente del Senado de la República, enfatizó que el actual modelo punitivo y prohibicionista de las sustancias tóxicas ha generado un mercado negro sumamente intenso, que implica enormes ganancias para las organizaciones criminales generando enormes costos sociales.
“Hay personas que están en prisión por el único delito de portar drogas por encima de los umbrales establecidos en la ley; muchas de ellas mujeres sin antecedentes penales; muchas de ellas madres, 90 por ciento son madres; 43 por ciento mujeres indígenas”, comentó.
Por ello, expresó el senador panista, se deben crear opciones de excarcelación a quienes estén presos por delitos contra la salud.
Gil Zuarth se pronunció por aprovechar las evidencias con las que se cuenta respecto a ciertas drogas que no producen un efecto en salud que justifique la utilización de la política punitiva para inhibir ese consumo, como el uso terapéutico de los derivados cannábicos que pueden funcionar para mitigar y atemperar el dolor de muchos enfermos.
Atención integral
El titular de la Comisión Nacional Contra las Adicciones (Conadic), Manuel Mondragón y Kalb, señaló que después de un año de discusiones, la Secretaría de Salud (SS) se encuentra lista para la creación de un programa de prevención contra el uso de sustancias adictivas.
Señaló que habrá una coordinación con las Fuerzas Armadas, la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); así como con los gobiernos estatales y municipales para realizar el programa que surja para combatir el uso de dichas sustancias.
Mondragón y Kalb indicó que este programa de prevención integral es la respuesta a lo que se abordará durante la sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el programa mundial de las drogas (UNGASS 2016), donde se revisarán y reorientarán las políticas de drogas nacionales y el futuro del marco internacional para el control de los narcóticos. Reconoció que será una tarea difícil, porque se necesitan establecer mecanismos de participación ciudadana que sean eficaces.