Una cuenta bancaria abierta en nombre de una estudiante originaria de Nayarit recibió en 2009 una serie de depósitos que sumaron 800 millones de pesos. La cifra no correspondía al monto de una herencia, tampoco a un premio, la verdad es que se trata del mayor robo de identidad registrado en México.
La joven, quien no puede ser identificada debido a que así lo prescribe el Código Fiscal de la Federación, empezó a vivir una pesadilla. Debido a las multimillonarias cantidades depositadas, la cuenta llamó la atención del Servicio de Administración Tributaria (SAT), toda vez que la titular ni siquiera estaba dada de alta en el Registro Federal de Contribuyentes.
Así, sin que ella se enterase, le debía al fisco mil 800 millones de pesos, porque el SAT detectó que la cuenta abierta a su nombre estaba relacionada con un supuesto negocio de destilación y venta de alcohol etílico. En realidad la credencial de elector de la mujer había sido falsificada, y era otra la persona que usaba su identidad con el propósito de llevar a cabo actividades ilícitas.
Como éste hay otros 490 casos de mexicanos que tienen adeudos fiscales debido a que terceras personas usaron de manera fraudulenta su identidad, de acuerdo con cifras de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon). A estos se agregan –con la misma problemática– más de 10 mil reclamaciones recibidas en los últimos 10 años en la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).
El caso de la joven nayarita se resolvió a su favor en tribunales, con la asesoría de la Prodecon, aunque son cientos los ciudadanos que, por desconocimiento de los recursos que existen para defenderse, han tenido que pagar deudas bancarias y fiscales que ellos no generaron. La Condusef asegura que el impacto económico de este delito asciende a más de 260 millones de pesos en pérdidas patrimoniales de quienes vieron suplantada su identidad.
MODUS OPERANDI
En México, además del robo de datos personales, ha aumentado de manera significativa el número de fraudes cibernéticos, así como el uso ilegal de información financiera. De hecho, tan sólo en 2016, la Condusef recibió más de 5 millones 350 mil quejas, de las cuales 73 por ciento correspondió a movimientos bancarios derivados de un posible fraude.
Es cotidiano que los mexicanos recibamos llamadas de empresas e individuos que han adquirido nuestros datos personales en forma ilegal. Lo más común en estos casos es que ofrezcan supuestas tarjetas de crédito, empréstitos personales o el otorgamiento de algún premio.
En realidad éste es un mecanismo de ingeniería social que se utiliza “con la finalidad de obtener información, teniendo como base la interacción, la manipulación y el engaño”, explica un análisis del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).
En muchos de estos casos, la víctima no se da cuenta de que ella misma le proporciona al delincuente la información que luego se utilizará en actividades ilícitas. Lo mismo sucede cuando los usuarios de Internet publican sus datos personales en las redes sociales, o acceden a páginas web fraudulentas que simulan pertenecer a instituciones bancarias.
Una vez que se ha obtenido la información necesaria, ésta se utiliza para falsificar documentos de identidad y comprobantes de domicilio, principalmente. Así el usurpador puede solicitar créditos bancarios, comprar bienes y servicios, y hasta la devolución de impuestos, pues el robo de identidad también se lleva a cabo en el sistema fisca