En México 21.5 por ciento de la población se considera indígena, perteneciente a alguno de los 68 pueblos indígenas, hablantes de 68 lenguas indígenas y 364 variantes etnolingüísticas, que mantienen vivos usos y costumbres, de acuerdo con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas.
Sin embargo, y pese a todos los programas sociales impulsados en apoyo a este sector social, los indígenas son uno de los grupos más vulnerables; según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) siete de cada 10 personas hablantes de lengua indígena se encuentran en situación de pobreza.
Además, la llegada de megaproyectos ha puesto en peligro no sólo la biodiversidad del territorio, sino a comunidades de pueblos originarios enteras, aunado a la constante violación a los derechos humanos de los indígenas.
Situación que reconoce la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en su recomendación general 27/2016, en la que apunta que se encuentran en situación de discriminación estructural, así como en desventaja sociopolítica y económica respecto del resto de la población.
Pese a que existe un dictamen que obliga a las instancias gubernamentales a consultar a los pueblos indígenas, lejos queda la realidad de lo dictaminado por la Constitución desde 2001, reconoce la CNDH. “No obstante este mandato, los esfuerzos por lograr su verdadera efectividad no han sido suficientes, toda vez que las instituciones responsables de garantizar su cumplimiento desatienden el carácter previo de la consulta”, indica la recomendación.
Este hecho se ve reflejado en situaciones como la extracción de agua del río Yaqui para desviarla al acueducto Independencia, en Sonora, mismo que violenta el decreto de 1940 que indica que sólo la tribu puede disponer del cauce con fines de riego para la agricultura. O en el municipio de Atenco, Estado de México, donde los habitantes luchan contra la construcción del nuevo aeropuerto y han interpuesto amparos; mismos que han sido desechados por la autoridad alegando falta de pruebas que acrediten la pertenencia a algún grupo indígena y ser habitantes de la comunidad.
Entre 2014 y 2016 se dieron 80 agresiones relacionadas con megaproyectos. El Estado de México encabeza la lista de entidades con más agresiones a este sector, después de Colima y Puebla, señala el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos).
En México el derecho a la consulta previa es reconocido sólo en 25 entidades federativas, mientras que en Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Ciudad de México, Tamaulipas, Sinaloa y Zacatecas, esta figura no la reconocen ni las constituciones locales ni las leyes específicas en materia de derechos indígenas.
La CNDH indicó que la consulta previa además de ser un derecho internacional y un derecho humano colectivo de los pueblos y comunidades indígenas, se relaciona con los derechos humanos de libre autodeterminación desarrollo sustentable, derecho a la propiedad, biodiversidad cultural y el derecho a la identidad cultural.
Por ello la comisión enfatiza que el Estado debe, como mínimo, armonizar el orden jurídico con los estándares internacionales existentes sobre la materia y apuntó a la necesidad del diseño y adopción de políticas públicas y de un marco jurídico complementario, que aseguren la viabilidad del derecho a la consulta previa que permitan conocer de manera clara el contenido y alcance de los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras, territorios y recursos naturales.
Preservación de las lenguas
En el Centro Nacional de las Artes (Cenart) de la Ciudad de México se alista la primera edición de la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales (FLIN 2017) con la finalidad de visibilizar la diversidad lingüística del país, así como la realidad multilingüe y pluricultural de la nación mexicana, al promover la participación de la población indígena en el desarrollo de actividades.
El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas señala que para evitar la pérdida de lenguas en el país trabaja conjuntamente con estados, municipios y comunidades a través de una revitalización lingüística que implica a los propios hablantes.
Subrayó que existen lenguas en todo el país que están en un proceso inminente de desaparición; sin embargo, enfatizó que todas las lenguas indígenas están amenazadas.
“Incluso el náhuatl y el maya, que se hablan y tienen una población fuerte, se consideran lenguas amenazadas, pero en otro nivel están aquellas que están en franco peligro de desaparecer”, indicó.