BOGOTÁ, 3 oct (Reuters) – La desmovilizada guerrilla de las FARC reconoció el sábado su responsabilidad en el magnicidio del dirigente político conservador Álvaro Gómez Hurtado, un crimen que conmocionó a Colombia a mediados de la década de 1990 en medio de la crisis política que enfrentaba el país sudamericano.
La sorpresiva aceptación ante la Justicia Especial para la Paz (JEP) del asesinato del líder político y excandidato presidencial, muerto a tiros por pistoleros en una calle de Bogotá en noviembre de 1995, forma parte de un acuerdo firmado en 2016 para poner fin a un conflicto armado de más de medio siglo que ha dejado 260.000 muertos y millones de desplazados.
“Hoy, a pocos días de cumplirse 25 años de este asesinato, los miembros del antiguo secretariado de las extintas FARC reconocemos ante la familia de Gómez Hurtado, el país y el mundo que somos responsables de este hecho”, dijo un comunicado del partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, que surgió de la desmovilizada guerrilla.
“Tras muchas horas de reflexiones individuales y colectivas, honrando nuestro compromiso con la construcción de una sociedad más justa fundada sobre los cimientos de la verdad más amplia y completa posible, hemos decidido esclarecer los hechos y las razones del homicidio de Álvaro Gómez Hurtado”, agregó la FARC, partido que conservó el acrónimo del extinto grupo rebelde.
Gómez fue asesinado en medio de una crisis política que enfrentaba Colombia bajo el Gobierno del entonces presidente Ernesto Samper, acusado de haber recibido millonarios aportes del Cartel de Cali para financiar la campaña que llevó al poder.
El asesinato del político fue calificado como un crimen de lesa humanidad por la Fiscalía General. Las investigaciones e indicios del magnicidio nunca apuntaron a las FARC.
Los excomandantes rebeldes admitieron que fue un “error” el asesinato del líder político, pidieron perdón y se comprometieron a explicar ante la JEP las razones por las que lo hicieron.
Además del crimen del líder político, las extintas FARC asumieron su responsabilidad en el asesinato de otras cinco personas, incluido el general retirado del Ejército Nacional Fernando Landazábal Reyes, quien fue ministro de Defensa.
Bajo los términos del acuerdo de paz, los antiguos comandantes de las FARC se comprometieron a reconocer la verdad de los delitos cometidos en medio de la confrontación a cambio de penas restrictivas de libertad de entre cinco y ocho años en lugar de cárcel.
El acuerdo de paz permitió en su momento la reincorporación a la vida civil de unos 13.000 guerrilleros, aunque con el paso del tiempo algunos regresaron a la lucha armada y desconocieron el pacto.
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(Reporte de Luis Jaime Acosta)