Legalizar la producción de amapola implicará recorrer un camino jurídico normado en la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a la cual se sumó México.
Los acuerdos imponen limitaciones para la producción de la adormidera, como también se le conoce a la planta, destinada al comercio internacional. Sin embargo, el país no enfrentaría ninguna restricción si la producción de opio se realiza bajo la justificación de cubrir únicamente sus propias necesidades y que lo decomisado en el tráfico ilícito se use para fines legales.

En cambio, si la despenalización avanza con la intención de que el país se convierta en exportador de opio y medicamentos fabricados a base del mismo, necesitaría la aprobación de estos dos organismos:

•  Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) es la encargada de vigilar el convenio y calcula la cantidad necesaria para las aplicaciones farmacéuticas medicinales del opio.
• El Consejo Económico y Social (ECOSOC) tiene el encargo de aprobar o negar la producción de opio para la exportación.

La regulación mundial establece que para exportar hasta cinco toneladas de opio, países como México únicamente tienen que notificar a la JIFE, pero si desea exportar una cantidad superior a distintos países para el mercado farmacéutico, debe informar a ECOSOC, que tendrá la última palabra.

Los principales derivados del opio son la morfina y la codeína, substancias que se usan con fines médicos como analgésicos.

El titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos, en días pasados consideró la legalización de la amapola como una salida a la violencia que vive el país y que se ha agudizado en estados como Guerrero, uno de los principales productores de la flor.
Hasta el 2016, las instituciones del gobierno mexicano estimaban que en el país un área de hasta 28 100 hectáreas se destina para el cultivo ilegal de amapola.