Grupos de exiliados venezolanos y legisladores estadounidenses condenaron ayer la decisión de la justicia de Venezuela de asumir las funciones del Legislativo y la calificaron como “una dictadura” y un “asalto al orden democrático”.
“Las naciones responsables del hemisferio occidental deben unirse en solidaridad con el pueblo venezolano para condenar estas atrocidades y suspender al país de la OEA”, declaró la congresista republicana, Ileana Ros-Lehtinen.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela asumió ayer las “competencias” de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, mientras el Legislativo mantenga su “situación de desacato”.
“Condeno fuertemente las acciones del Tribunal Supremo de Venezuela ordenadas por (el presidente) Nicolás Maduro, que socavan las facultades constitucionales otorgadas a la Asamblea Nacional”, indicó la legisladora republicana.
Esta decisión se produjo luego de que la Organización de Estados Americanos (OEA) expresó su preocupación por la falta de un verdadero proceso democrático en el país, subrayó Ros-Lehtinen.
La organización Venezuela Awareness Foundation y el grupo civil Venezolanos Perseguidos POlíticos en el Exilio consideraron que la decisión del TSJ rompe el hilo constitucional y otorga poderes especiales a Maduro, consolidando la dictadura”.
Señalaron que esta decisión faculta al ya poderoso presidente Maduro, a violar los derechos humanos y las libertades civiles de los venezolanos como le dé la gana.
Respuesta de la OEA
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, consideró urgente la activación de la Carta Democrática Interamericana para Venezuela, tras la decisión del TSJ que calificó como un “autogolpe” de Estado.
“Aquello que hemos advertido lamentablemente se ha concretado”, manifestó Almagro.
Su llamado se produjo 48 horas después de que el Consejo Permanente de la OEA discutió la crisis de Venezuela, sin llegar a acuerdos sobre los siguientes pasos, evidenciando la persistente división sobre el curso de acción, si bien un mayor número de países respaldaron la convocatoria del martes pasado.
Almagro dijo que con esta decisión y la sentencia anterior de la TSJ de despojar de la inmunidad a los diputados de la Asamblea Nacional, el régimen de Maduro ha subvertido el orden constitucional del país y terminado con la democracia.
Consideró por ello urgente la convocatoria de un Consejo Permanente en el marco del artículo 20 de la Carta Democrática, el cual provee este paso cuando “en un Estado miembro se produzca una alteración del orden constitucional”.
Esa convocatoria sería el primero de los pasos para la eventual aplicación de la Carta Democrática, ya que el Consejo Permanente tendría primero que disponer gestiones diplomáticas o convocar a una Asamblea General de la OEA, donde la suspensión de Venezuela tendría que ser aprobada por voto de las tres cuartas partes de los países miembros.
Tres semanas atrás, Almagro presentó el segundo informe sobre la situación en Venezuela, en el cual concluyó que si el gobierno de Maduro no convoca a elecciones este año y no libera a los presos políticos, la OEA debería suspender a Venezuela del sistema interamericano.