El Gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó que procederá en consecuencia, de conformidad con las leyes y convenios aplicables en la materia, respecto a las sanciones anunciadas por Estados Unidos a funcionarios y exfuncionarios del Gobierno de Venezuela.
En un comunicado conjunto con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Secretaría de Hacienda expuso que las sanciones del Gobierno estadounidense son “por menoscabar la democracia y los derechos humanos en dicho país, así como por participación en actos de violencia, represión y corrupción”.
En ese sentido, las dependencias destacan que México expresa así una vez más su preocupación por la grave crisis por la que atraviesa Venezuela, y reiteró su llamado al gobierno del presidente Maduro a restablecer de manera plena el régimen democrático y el estado de derecho de manera pacífica.
El país refrenda que el Gobierno venezolano tiene la oportunidad histórica de abrir un nuevo camino de reconciliación y paz, al reconsiderar la convocatoria a la Asamblea Constituyente y crear las condiciones para iniciar un proceso genuino de negociación política entre todos sus habitantes.
El mandatario estadounidense, Donald Trump, indicó que el Gobierno venezolano enfrentará “acciones económicas fuertes y rápidas”, si el presidente Nicolás Maduro insiste en llevar a cabo la Asamblea Constituyente, cuyos integrantes serán elegidos el domingo.
Dos días de protesta
La huelga convocada por la oposición venezolana continuaba el jueves por segundo día consecutivo en Caracas y las principales ciudades del país aunque, de acuerdo con testigos de Reuters, con menos adhesión que en la jornada previa.
El paro de 48 horas, que ha cobrado la vida de cinco personas, es parte de una escalada de manifestaciones que desde hace casi cuatro meses lidera la oposición, que ve la iniciativa del presidente Nicolás Maduro de llevar a cabo una Asamblea Nacional Constituyente como una amenaza para la democracia y la economía del país petrolero.
Los adversarios del mandatario socialista dijeron que la medida tuvo un seguimiento de 92 por ciento el miércoles.