Establecer un programa regional especial para garantizar una migración ordenada y segura desde Venezuela es lo que 11 países piden en una declaración que emitieron ayer en Quito.
La Declaración de Quito sobre movilidad humana de ciudadanos venezolanos en la región, emitida tras dos días de deliberaciones, pidió establecer un programa regional especial con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
El programa permitirá “el intercambio oportuno, a través de las instancias nacionales competentes, de información pertinente de migrantes venezolanos, tendiente a prestar la ayuda humanitaria y lograr una migración ordenada y segura”.
Además, convocaron a coordinar esfuerzos por conducto de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la OIM, entre otras entidades, para “combatir la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes dentro del flujo migratorio de ciudadanos venezolanos”.
Reiteraron también la preocupación “por el grave deterioro de la situación interna que provoca la migración masiva de venezolanos, abordada en esta reunión, y hacemos un llamado a la apertura de un mecanismo de asistencia humanitaria que permita descomprimir la crítica situación”.
Asimismo, exhortaron al gobierno venezolano a aceptar “la cooperación de los gobiernos de la región y de los organismos internacionales con el fin de atender la situación de sus respectivas comunidades establecidas en Venezuela”.
Las naciones firmantes convocaron a fortalecer el rol de la CAN y el Mercosur “para abordar, de manera integral y articulada, el flujo masivo de nacionales venezolanos y que permita adoptar acciones inmediatas para atender esta crisis migratoria de carácter humanitario”.
El texto fue suscrito ayer por altos representantes de los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.
La cita tuvo por objetivo intercambiar información y “buenas prácticas” para articular una coordinación regional respecto a la crisis migratoria de ciudadanos venezolanos en la región.
En la declaración, los países se comprometieron a seguir prestando asistencia humanitaria, “incluyendo la consideración de procesos de regularización migratoria”, además de combatir la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes.
Reiteraron que continuarán trabajando “en la implementación de políticas públicas destinadas a proteger los derechos humanos de todos los migrantes en sus respectivos países, en concordancia con las legislaciones nacionales y los instrumentos internacionales”.
Las 11 naciones reconocieron la importancia de la cooperación de los Estados y organismos internacionales especializados “para atender en los espacios nacionales de cada Estado los flujos migratorios extraordinarios y crecientes de los ciudadanos venezolanos”.
Solicitaron que esa cooperación y los recursos “se incrementen sustancialmente, de acuerdo con los requerimientos del volumen de personas que han emigrado desde Venezuela hacia otros países de la región, y se dirijan a los sectores priorizados por cada Estado”.
Llamaron al gobierno venezolano a tomar “de manera urgente y prioritaria las medidas necesarias para la provisión oportuna de documentos de identidad y de viaje de sus nacionales”, quienes muchas veces se ven impedidos de migrar por carecer de ellos, lo cual incentiva la migración irregular.
Pidieron a los países de la región “acoger los documentos de viaje vencidos como documentos de identidad de los ciudadanos venezolanos para fines migratorios”.
También solicitaron, en la medida de la disposición de recursos, “proveer a los ciudadanos venezolanos en situación de movilidad humana el acceso a los servicios de salud y educación públicas y a las oportunidades en el mercado laboral”.
 
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