Decenas de inmigrantes que hacían fila el martes en un importante cruce fronterizo de México con Estados Unidos trataban de entender cómo el nuevo plan del gobierno del presidente Donald Trump de poner fin a la mayoría de las protecciones de asilo afectará su propia solicitud de refugio en Estados Unidos.

Dando marcha atrás a una política que ha estado vigente desde hace décadas, el gobierno anunció su plan el día previo, el intento más aventurado para reducir el número de personas que pretenden obtener refugio en Estados Unidos.

La nueva medida abarcará a incontables solicitantes de asilo, muchos de los cuales huyen de la violencia y la pobreza en Centroamérica. La propuesta se topará seguramente con impugnaciones legales.

El camerunés Derek Mbi era uno de los migrantes que hacían fila en Tijuana, en donde esperaba enterarse cuántas personas, de haberlas, permitiría Estados Unidos procesar. Llegó a Tijuana hace alrededor de un mes y hay más de 8.100 personas antes que él en la lista de espera.

El procesamiento de los recién llegados ha disminuido gradualmente a prácticamente cero, luego de un promedio de aproximadamente 40 al día.

Mbi, de 29 años, se unió a la ola de cameruneses que viajaron a Ecuador _en donde no necesitan visa_ huyendo de la severa opresión del gobierno contra la minoría angloparlante del país. Desde ahí viajó durante meses en autobús y a pie a través de siete países para llegar a Tijuana.

Mbi se enteró de la nueva política, pero erróneamente creía que aplicaba sólo a centroamericanos y sudamericanos.

“Cuando llegué a Ecuador, tenía una barrera idiomática”, dijo Mbi, quien espera llegar con un amigo en Texas. “Si puedo ir a Estados Unidos o Canadá, iré”.

Por ahora, comparte un departamento de una habitación con 13 cameruneses en Tijuana y sobrevive con trabajos inusuales, como pelar tomates en mercados ambulantes. Señala que las compañías se niegan a contratarlo porque su permiso de tránsito temporal en México no le permite trabajar.

Mbi se negó a explicar porqué huyó de Camerún.

De acuerdo con un plan publicado en el Federal Register, el diario oficial del Gobierno de Estados Unidos, los migrantes que crucen otro país _en este caso, México_ en camino a Estados Unidos, no serán elegibles para asilo. La regla también aplica para los menores de edad que han cruzado la frontera sin compañía de un adulto.

La gran mayoría de las personas afectadas por el dictamen son centroamericanas, pero en algunas ocasiones migrantes procedentes de África, Cuba o Haití y otros países, también intentan ingresar a Estados Unidos a través de su frontera con México.

Existen excepciones, incluso las víctimas de tráfico de personas y solicitantes de asilo cuya petición fue rechazada por otro país. En caso de que un migrante atraviese por un país que no firmó uno de los principales tratados internacionales (al que pertenecen la mayoría de las naciones occidentales) que rigen el trato que se les da a los refugiados, un inmigrante aún podría solicitar asilo en Estados Unidos.

El secretario de Relaciones Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard, declaró el lunes que su país “no coincide con medidas que limitan el acceso al asilo y refugio”. El sistema de asilo en México también se encuentra rebasado actualmente.

Funcionarios del gobierno de Trump aseguran que los cambios tienen la intención de reducir la brecha entre el proceso inicial de asilo, que aprueban la mayoría de las personas, y la decisión final en la que casi todos quedan descartados.

El secretario de Justicia de Estados Unidos, William Barr, dijo que el suyo es “un país generoso, pero está completamente rebasado” por la carga relacionada con la detención y procesamiento de cientos de miles de migrantes que se presentan en la frontera con México.

También dijo que la medida está dirigida a “migrantes económicos” y a “aquellos que buscan explotar nuestro sistema de asilo para poder entrar en Estados Unidos”.

Sin embargo, los grupos que defienden los derechos de los inmigrantes, líderes religiosos y grupos humanitarios han dicho que las políticas del gobierno republicano representan un cruel intento de mantener a los migrantes fuera del país. Guatemala, Honduras y El Salvador son países pobres y, por lo general, asediados por la violencia.

“Esta es una nueva medida para enviar de regreso a lugares violentos a los refugiados que llegan con temores bien fundamentados de persecución. De hecho, el dictamen negaría asilo a los refugiados que no solicitaron asilo en países en los que estarían en riesgo”, dijo Eleanor Acer, de Human Rights First.

El abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), Lee Gelernt, que ha litigado algunas de las principales impugnaciones a las políticas migratorias del gobierno de Trump, dijo que la medida era ilegal y que su agrupación planea entablar una demanda.

“De ser ratificada, la regla eliminaría por completo el asilo a todos aquellos en la frontera sur”, declaró. “Pero es evidentemente ilegal”.

La nueva regla también aplicará desde el inicio del trámite de asilo, cuando se realiza la entrevista de “temor creíble”, en la que los migrantes deben demostrar que tienen razones válidas para no regresar a su país de origen. Esto aplica para los que llegan a Estados Unidos, no a los que ya están en el país.

Junto con los recientes intentos del gobierno por devolver a los solicitantes de asilo al otro lado de la frontera, Trump ha intentado negar asilo a todo aquel que cruce ilegalmente la frontera, además de restringir las condiciones para solicitar asilo. De igual manera, el Departamento de Justicia recientemente intentó mantener a miles de solicitantes de asilo en detención en lo que se procesaban sus casos.

Casi todos esos intentos han sido bloqueados por los tribunales.

Decenas de miles de familias migrantes procedentes de Centroamérica cruzan la frontera cada mes, muchas de ellas para solicitar asilo. Las instalaciones fronterizas se encuentran peligrosamente sobrepobladas y operan muy por encima de su capacidad. Un organismo de supervisión interna del Departamento de Seguridad Nacional reveló condiciones fétidas e insalubres para muchos niños. Y los legisladores que han visitado recientemente estos centros arremetieron contra las condiciones al interior.

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Spagat reportó desde Tijuana, México. Los periodistas de The Associated Press Cedar Attanasio en Ciudad Juárez, México, y Colleen Long y Michael Balsamo en Washington D.C. contribuyeron a este despacho.