Una revisión al trato que reciben los jóvenes migrantes en un centro de detención de Virginia confirmó que la instalación utiliza técnicas de control que pueden incluir atar a los menores a una silla y cubrirles la cabeza con sacos.
Sin embargo, los investigadores concluyeron que el duro trato descrito por los inmigrantes en el Centro de Detención Shenandoah no cumple con el umbral legal de abuso o negligencia del Estado, de acuerdo con una copia de los hallazgos, publicada ayer por el Departamento de Justicia Juvenil de Virginia y obtenida por The Associated Press.
Las autoridades hicieron varias recomendaciones para mejorar las condiciones en esa instalación, como contratar más empleados bilingües, ampliar los programas culturales relevantes y una mejor revisión para proporcionar cuidados a los detenidos que padecen problemas de salud mental.
También sugirieron a los administradores del sitio cambiar el mobiliario y renovar la pintura del inmueble, con la finalidad de convertir el lugar, actualmente con aspecto de prisión, en un sitio “más apropiado para el desarrollo”.
El gobernador de Virginia, el demócrata Ralph Northam, ordenó la pesquisa en junio, horas después de que AP publicó los relatos de menores de edad, quienes dijeron que fueron esposados, encadenados y víctimas de palizas en la instalación, ubicada cerca de Staunton, Virginia.
También describieron que fueron desnudados y colocados en aislamiento, a veces sujetados a sillas con sacos sobre la cabeza.
Los investigadores estatales indicaron que no pudieron entrevistar a los jóvenes inmigrantes que hicieron declaraciones juradas en las que manifestaron que fueron abusados gravemente. Quienes hicieron las primeras denuncias como parte de una demanda colectiva federal interpuesta en noviembre de 2017 fueron trasladados a otras instalaciones o deportados a sus países de origen tras la resolución de sus casos.
Northam emitió un comunicado felicitando la pronta respuesta de su administración ante las quejas sobre abusos en las instalaciones.
“Tomé las acusaciones de manera seria y pedí a miembros de mi administración a investigar sobre estos reclamos de abuso y maltrato de manera inmediata”, dijo el gobernador. “La seguridad de cada niño en el sitio es de la mayor importancia”.
El grupo legal que representa a los demandantes calificó la investigación como “profundamente errónea” y declaró que los responsables nunca hicieron contacto con ellos o les pidieron hablar con sus clientes.
“A todos los niños en dicho centro se les negó la ayuda de salud mental que necesitaban y fueron sometidos a condiciones de abuso”, indicó Jonathan Smith, director ejecutivo del Comité de Abogados de Washington por los Derechos Civiles y Asuntos Urbanos.