En 1991, un joven militante de izquierdas, Raúl Mijango y un militar, David Munguía Payés, participaron en el equipo que negocia el fin de la guerra en El Salvador.

Aquellos jóvenes, emocionados por la paz, se caen bien, se hacen amigos y logran un acuerdo que pone fin al conflicto.

Dos décadas después, en 2011, El Salvador se ve inmerso en otra guerra. Las pandillas M18 y Salvatrucha se han declarado odio eterno y diariamente se recogen de las calles más de 20 cadáveres, lo que convierte al pequeño país en el más violento del mundo.

Desbordado por la violencia, el ex presidente Mauricio Funes (2009-2014) permite a los dos amigos que encabecen un proceso de negociación entre las pandillas para frenar la contienda. Por aquel entonces el militar llegó a general y ministro, y el otro era un conocido defensor de los derechos humanos.

Finalmente, en marzo de 2012, logran algo impensable; un alto al fuego a cambios de beneficios carcelarios que redujo de 15 a cinco los muertos diarios. Hay días incluso que se llega a cero. En promedio se reduce un 75 por ciento las muertes en el país más violento del mundo.

Estándares casi occidentales en un país acostumbrado a convivir con la muerte. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA) apoyan la negociación.

Sin embargo hablar con las pandillas, incluidas en la lista de organizaciones terroristas de EU, resulta profundamente impopular en El Salvador después de años de matanzas y el tiempo político que se cruza en el camino de la tregua. Primero con el relevo del ministro de Interior y después con la llegada en 2014, del nuevo gobierno de Salvador Sánchez Cerén que cambia radicalmente el discurso.

El presidente del FMLN impulsa un plan de mano dura, exhibe las tanquetas y al ejército para combatir a las pandillas y convierte en delito el negociar con ellas.

Paralelamente el fiscal general Douglas Meléndez emprende la persecución contra todo lo que huele a tregua. A principios de mayo ordenó la detención de la mayoría de negociadores, policías y miembros de la sociedad civil que participaron en el proceso de paz, incluyendo a Raúl Minjango; en total 21 ordenes de captura, incluido el jefe de prisiones, que termina con 18 detenidos y otros tres funcionarios en busca y captura.