Sídney, 9 Feb (Notimex).- El gobierno de Indonesia busca aprobar un código penal con consecuencias desastrosas para las mujeres y grupos minoritarios, situación que debe impedirse para que el país no enfrente una crisis social y política mayor, consideró Elaine Pearson, directora para Australia de Human Rights Watch (HRW).
Joko Widodo, presidente de Indonesia conocido como Jokowi, visitará este lunes 10 de febrero el parlamento australiano, por lo que Pearson señaló cinco aspectos polémicos de su administración que, consideró, deben ser criticados por los legisladores.
El primero de ellos es la renovación del código penal, que busca sancionar el sexo extramarital con un año de cárcel, además de que no reconoce las relaciones entre personas del mismo sexo, por lo que todas sus relaciones sexuales quedarían criminalizadas de facto, señaló la experta.
“Estas previsiones no sólo violan las obligaciones de Indonesia con los derechos humanos, sino que contribuyen a fomentar el odio y la discriminación contra ciertos grupos”, estimó Pearson.
El segundo punto es el aumento de ataques contra la comunidad LGBT en el país asiático, pues desde 2016 políticos y funcionarios han realizado declaraciones intolerantes contra ese sector, inclusive trabajadores de distintos ministerios han incurrido en prácticas abiertamente discriminatorias, señaló HRW.
En tercer punto, Pearson mencionó el rechazo de Indonesia a que la oficina para los derechos humanos de las Naciones Unidas visite la provincia de Papúa Occidental, donde se reportan abusos contra los derechos humanos y un aumento de la violencia.
Durante las protestas de 2019 registradas en esa provincia, al menos 53 personas fueron asesinadas y cientos más resultaron heridas, señaló Pearson.
Las autoridades indonesias han detenido y levantado cargos contra al menos 22 personas por manifestarse pacíficamente a favor de la independencia de Papúa Occidental, reclamó la defensora de HRW.
En cuarto lugar, la defensora australiana mencionó la intolerancia religiosa, que castiga las desviaciones de las seis religiones reconocidas en Indonesia, el islamismo, confucianismo, budismo, catolicismo, protestantismo e hinduismo.
La ley contra las blasfemias, que persigue estas desviaciones, es utilizada con intenciones políticas y atenta contra las minorías religiosas, estimó Pearson en sus recomendaciones.
El gobierno ha aumentado sus esfuerzos para imponer el conservadurismo religioso, reprochó la australiana, mediante la imposición del uso del hiyab incluso entre personas que no son musulmanas, entre otras medidas.
Por último, la oficina australiana de Human Rights Watch señaló las acusaciones de abusos de derechos humanos que pesan sobre Prabowo Subianto, actual ministro de Defensa del gobierno de Jokowi.
Las fuerzas armadas de ese país tienen un largo historial de asesinatos impunes y desapariciones forzadas, acusó Pearson, una situación que no tiene miras de mejorar bajo la gestión de Prabowo al frente del Ministerio de la Defensa.
“El presidente Jokowi tiene otros cuatro años para tomar acciones concretas en la protección de los derechos humanos y las libertades de todos los indonesios. Pero al menos que actúe para evitar las reincidencias, Indonesia enfrentará crisis políticas y sociales mucho mayores”, concluyó la titular de HRW en Australia.
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