La Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el gobierno de Atizapán de Zaragoza, no han respondido a la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), tras comprobar que la calidad del agua en la Presa Madín sobrepasa los parámetros máximos de contaminantes establecidos en la normatividad ambiental y sanitaria, informó Xiomara Trujillo Jiménez, integrante del Consejo de Cuenca Presa Madín.
La recomendación emitida el 29 de septiembre del 2023, recordó Trujillo Jiménez, acreditó el persistente daño a los ecosistemas, violando los derechos humanos a un medio ambiente sano y al saneamiento del agua.
Las descargas de aguas residuales, que han sido el principal foco de infección de la Presa Madín, continúan desechándose sin previo tratamiento y las autoridades no han realizado alguna estrategia de gestión integral para el buen manejo de los residuos sólidos urbanos que llegan a ser arrojados, señaló.
Ante la crisis hídrica que se vive en el centro del estado, la representante del Consejo de Cuenca Presa Madín, hizo un llamado a las autoridades a cuidar este manto acuífero, antes de que disminuya la captación del agua, debido a los malos manejos.
En la recomendación 135/2023, la CNDH solicitó como medidas de reparación a los daños ambientales, el cumplimiento de 64 puntos, entre los que destacan la celebración de un convenio marco de coordinación interinstitucional para la protección ambiental, restauración y reparación integral de los daños ocasionados por la contaminación de la Presa Madín, entre la Conagua, la Profepa, los gobiernos del Estado de México y de los municipios que convergen, entre ellos Atizapán de Zaragoza, Naucalpan y Jilotzingo.
Además del diseño de un Programa Integral de Saneamiento, así como un estudio de Clasificación de la Presa Madín; la evaluación de los permisos de descargas de aguas residuales vigentes, que tengan como cuerpo receptor la Presa Madín.
De detectarse irregularidades, se solicitó también el inicio de los procedimientos administrativos y sancionatorios correspondientes, en el caso de advertirse hechos probablemente constitutivos de delitos ambientales, se requirió la presentación de las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR).