La entrada en vigor del Sistema Penal Acusatorio ha generado opiniones encontradas respecto de los posibles orígenes de las fallas en su aplicación, y en respuesta hay quienes proponen volver a agravar figuras delictivas, mientras que otros aducen que no es el sistema el que ha fallado, sino quienes lo aplican.
Durante su encargo como coordinador de la Comisión de Seguridad y Justicia de la Confederación Nacional de Gobernadores (Conago), el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, propuso agravar otra vez todos los tipos de robo, así como la posesión de armas.
Sin embargo, expertos en derechos humanos, seguridad y derecho, opinan que mientras no se combata la corrupción, se trabaje en la sensibilidad de los servidores públicos sobre el trato a las víctimas y la trascendencia de su trabajo en el avance del sistema penal, no se podrán ver sus bondades.
Los especialistas convergen en que no es agravando una vez más los delitos como podrán resarcirse los yerros del sistema, pues se propone volver a meter a las personas a la cárcel, pero no reforzar la capacitación de los funcionarios y sancionar a aquellos que sean sorprendidos en actos de corrupción.
En este sentido, Vicente Rivas, presidente del Observatorio Nacional Ciudadano, advirtió que no se pueden hacer los cambios que menciona Mancera, porque no se han analizado de manera sustancial las causas de las fallas en el sistema.
“Me parecería una ingenuidad, una falta de respeto para todos los mexicanos, un desperdicio de recursos y un riesgo muy importante para mantener la violación a los derechos humanos en el país”, dijo.
Subrayó los grandes beneficios de la oralidad en un país donde las violaciones al debido proceso, a las garantías individuales y la fabricación de culpables son una constante para resolver los crímenes.
Operadores
“El Sistema de Justicia Penal tiene unas bondades innegables en un país donde la violación a los derechos humanos, la fabricación de culpables, la improvisación en investigaciones o la falta de acceso a la justicia ha sido una constante. En algo en lo que hemos insistido es que si las capacidades instaladas de los operadores del sistema corresponden a la realidad. En el trabajo de campo que nosotros hemos hecho es que las fallas no tienen que ver con el sistema, sino con los operadores”, subrayó.
Gabriel Regino, doctor en derecho, advirtió que mientras no se “eduque” a los operadores del sistema penal y a la población sobre cuáles son sus derechos y las bondades del nuevo sistema, la sociedad seguirá permitiendo atropellos y corrupción que se traducen en violaciones al debido proceso que, a la larga, significan la libertad para sus agresores.
Por ello, dijo, se debe trabajar en la capacitación, educación y sensibilización de los servidores públicos, de lo contrario no habrá sistema que pueda dar buenos resultados, pues el anterior sistema –de corte inquisitivo– también colapsó al haber abarrotado las cárceles con personas acusadas por delitos culposos o de baja cuenta.
“Es completamente falso que por el Sistema Acusatorio o por la Miscelánea Penal hayan salido miles de personas para delinquir, eso es absolutamente falso; lo que está sucediendo es que existe una mala operación, principalmente de los ministerios públicos, por su incompleta capacitación en el tema de las medidas cautelares.
“El hecho de que exista el fenómeno de lo que se interpreta como la ‘puerta giratoria’ es debido a la mala argumentación de los ministerios públicos, que hacen en las audiencias, tanto de control de detención como de medidas cautelares, eso es lo que está sucediendo”, dijo.
“Hipergarantismo”
Juan Francisco Torres Landa, secretario general de la organización civil México Unido Contra la Delincuencia, reconoció las bondades del nuevo sistema penal, y que el problema no se encuentra en el supuesto “hipergarantismo”, sino en la falta de preparación de los servidores públicos involucrados.
El activista indicó que evitar que la gente llegue a los reclusorios y el ahorro al erario, sólo son algunos de los objetivos del sistema, pues despresurizar las cárceles significa que menos familias están siendo desintegradas y que ese miembro del núcleo no está siendo separado de su lugar de origen.
Incluso, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales, advirtió que juzgadores federales diariamente se enfrentan a la impunidad e ineficiencia de la justicia penal, “que no deja de mostrar los lados más oscuros de su peor rostro”.
Capacitación
El especialista en temas de seguridad y criminalística, Martín Gabriel Barrón señaló que no es posible atribuirle al sistema penal el hecho de que no se pueda terminar con la impunidad y corrupción en los servidores públicos, pues las autoridades saben cuál es el mal que aqueja a la sociedad no sólo en el ámbito penal, de procuración e impartición de justicia.