Iván Chávez, abogado defensor de los 174 elementos dados de baja de la Unidad de Análisis Criminal de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, exhibió al director jurídico de la dependencia, Cuauhtémoc Salvador Nila, al señalar que sus declaraciones de cómo fueron notificados los servidores públicos sobre la rescisión laboral son falsas y emprenderán tres acciones: la comparecencia del titular, la defensa de otras 80 personas y la presentación de la queja por la violación a sus derechos humanos.
Primero acudirán a la Legislatura local para solicitar a los diputados la comparecencia de la titular de Seguridad, para que explique por qué el despido masivo; segunda, se asumirá la defensa de otras 80 personas dadas de bajas de la misma unidad, y la tercera, acudir a la Comisión de Derechos Humanos estatal, para iniciar una queja contra la secretaría.
Destacó que ya presentaron ante el Tribunal de Justicia Administrativa los comprobantes de percepciones y deducciones, con cuyos talones de pago, los policías acreditan que pertenecen al área de Carrera Policial, contrario a lo que manifestó la dependencia, respecto a que eran personal administrativo.
El abogado explicó que ellos aprobaron los controles de confianza y tomaron cursos de actualización, además los obligaron a portar el uniforme en eventos anteriores; consideró que con esas acciones todo indica que van a desaparecer la Unidad de Análisis Criminal donde laboraban  250 personas.
Iván Chávez mencionó que es falso que el motivo de los despidos haya sido por no cumplir una orden superior, por tanto, es algo que tendrá que responder el director de Asuntos Jurídicos y compañeros que fueron cómplices de ese engaño, tal es el caso de una persona de nombre Belsayda y una más, quienes se prestaron a esa corruptela, ya que el personal operativo cuando recibe una orden es a través de un oficio, el cual firman de enterados y en este caso, lo que se les imputa es que la orden se las dieron en una hoja que les fue entregada en las oficinas de la Unidad, donde no tenían acceso los servidores públicos.
Sin mencionar nombres, el litigante comentó que mandos de la Unidad de Análisis Criminal, ya se acercaron a la organización Ciudadanos Uniformados para buscar abrigo jurídico, debido a que temen por su seguridad laboral, pues hay una lista de 80 bajas más.