La comisión de Procuración y Administración de Justicia de la LXI Legislatura, inició el análisis de la iniciativa que busca tipificar el delito de abuso de autoridad penitenciaria, para garantizar que sean respetados los derechos humanos de las Personas Privadas de la Libertad (PPL). 

De acuerdo con la iniciativa, este delito será cometido cuando el servidor público de un centro penitenciario incurra en conductas en las que las acciones de violencia causen la muerte de la persona privada de la libertad, por lo que serán acreedores a sanciones que van desde los 10 a los 70 años de prisión, dependiendo la agravante. 

Señala también la propuesta, que cuando las acciones de violencia causen lesiones a la persona privada de la libertad, la sanción será de 3 meses a 6 años de prisión, dependiendo la gravedad de las lesiones; y que el delito será cometido cuando, en razón de su empleo, cargo o comisión, se violente de palabra o de obra a una persona privada de la libertad sin causa legítima, así como realizar un hecho arbitrario o indebido.

De acuerdo con información de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), de 2022 a 2023 ha registrado 1 mil 355 quejas contra la Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado de México, siendo la segunda instancia con mayores quejas, sólo detrás de la Fiscalía General de Justicia mexiquense.  

Por su parte, el diputado proponente de la iniciativa, Mario Ariel Juárez Rodríguez, afirmó que en estos espacios existe corrupción autogobierno y sobrepoblación penitenciaria, de ahí que deba proceder la propuesta para que se vayan erradicando las malas prácticas.  

El acuerdo final de la comisión legislativa fue girar invitaciones a la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, el Poder Judicial del Estado, la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía General de Justicia del Estado, así como a familiares de internos, asociaciones y agrupaciones civiles para que puedan participar en una mesa de diálogo y robustecer la propuesta.