Con el objetivo de evitar restringir de manera desproporcionada la libertad de expresión, el Congreso mexiquense analizará la iniciativa de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez para eliminar del Código Penal estatal el delito de ultraje, al considerarlo anacrónico y que no corresponde a las demandas de una sociedad que valora el escrutinio público hacia sus autoridades.
La propuesta, a la cual dio lectura el diputado Héctor Karim Carvallo Delfín (morena) en sesión de la Diputación Permanente, resalta la necesidad de ajustar el marco jurídico estatal, para que no se criminalice la crítica hacia las personas servidoras públicas.
Asimismo, señala que el delito de ultraje se considera contrario al orden constitucional, al vulnerar un derecho fundamental reconocido en la Constitución y los tratados internacionales.
Explica que la derogación de los artículos que contienen este delito garantizará el respeto de los derechos humanos, la protección de las garantías constitucionales, y la adecuación a la legislación local en los principios democráticos y los compromisos internacionales del Estado mexicano.
Actualmente, se entiende por ultraje toda expresión directa o indirecta, o toda acción ejecutada, contra alguna persona servidora pública o contra instituciones públicas que puedan implicar ofensa o desprecio, para lo cual se establecen penas de uno a dos años de prisión.