Tras una hora y cuatro minutos de discusión, el Congreso del Estado de México aprobó la reforma a los artículos 105 y 107 de la Constitución, estableciendo que las modificaciones a la Carta Magna no podrán ser impugnadas judicialmente, medida conocida como Supremacía Constitucional.
Con 51 votos a favor y 18 en contra, la medida plantea restricciones en los recursos legales para cuestionar cambios constitucionales, generando un amplio debate sobre sus implicaciones en la democracia y la división de poderes.
La reforma establece que las adiciones o modificaciones a la Constitución Federal no podrán ser impugnadas mediante amparos u otros mecanismos judiciales, lo que restringe la posibilidad de cuestionar legalmente cualquier cambio en la Carta Magna.
En el pleno de la Legislatura mexiquense, las y los legisladores de Morena, partido que impulsó esta iniciativa, sostuvieron que esta medida busca fortalecer el marco jurídico y evitar una “judicialización” de los cambios constitucionales, facilitando la aplicación de reformas aprobadas por el Congreso.
En este contexto, el diputado Octavio Martínez Vargas, defendió la aprobación de la reforma como una actualización coherente con la política nacional para renovar el Poder Judicial.
Según Martínez, esta medida representa un avance para el sistema judicial y está alineada con las reformas de 2013, en las que ya se plantearon límites al amparo en temas constitucionales.
De acuerdo con su postura, esta modificación beneficiará tanto al estado como al país, evitando que cambios clave en la ley enfrenten constantes obstáculos en tribunales.
Críticas desde la Oposición
La aprobación de esta reforma ha generado una fuerte reacción entre los legisladores de la oposición, quienes argumentan que limita la capacidad de los ciudadanos y organizaciones para defender sus derechos ante posibles abusos de poder.
En ese sentido, Omar Ortega Álvarez, diputado del PRD, calificó la decisión como precipitada y aseguró que se aprobó “a ciegas”. Mientras que el diputado de Movimiento Ciudadano, Juan Zepeda Hernández, advirtió que esta reforma impacta negativamente en la democracia al impedir el uso de amparos para cuestionar cambios constitucionales, dejando al sistema legal en manos de futuros gobiernos sin posibilidades de revisión o contrapeso.
Asimismo, Joanna Alejandra Felipe Torres, diputada de Acción Nacional, expresó que la reforma constituye un acto de “venganza” hacia el Poder Judicial, con el fin de limitar las voces disidentes y restringir derechos humanos de la Democracia.
La reforma encendió el debate entre legisladores, aunque breve, sobre los límites del Poder Legislativo y la importancia de preservar los contrapesos en un sistema democrático.
Los promotores de la iniciativa argumentan que se trata de una medida para fortalecer la estabilidad legislativa, mientras que los opositores denuncian que se trata de un intento de socavar la división de poderes y limitar la participación ciudadana en asuntos de reforma constitucional.
Además de ser aprobada en el Congreso local, esta reforma ha sido avalada en otras 17 entidades, incluyendo Oaxaca, Campeche, Ciudad de México, Zacatecas, Quintana Roo, Hidalgo, Nayarit, Sonora, Tabasco y Tamaulipas, avanzando así hacia una implementación nacional.
