Tiempos de respuesta más cortos a los trámites para la instalación de nuevos negocios y más acciones para facilitar inversiones, elevar la competitividad y otorgar certidumbre jurídica a los inversionistas serán algunos de los beneficios que se derivarán de la iniciativa en materia de mejora regulatoria y desarrollo económico que las comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Desarrollo Económico, Industrial, Comercial y Minero aprobaron por unanimidad.
El dictamen, presentado por el diputado Eleazar Centeno Ortiz (PRD) y remitido al pleno para su votación definitiva, destaca que con la aprobación del proyecto se fortalece el andamiaje de la mejora regulatoria en la entidad, al dar mayor certeza a las inversiones para consolidar al estado como el centro logístico más importante del país.
La iniciativa del titular del Ejecutivo, armoniza la legislación estatal con la Ley General de Mejora Regulatoria y prevé la expedición de tres nuevas normas: la Ley que crea la Comisión de Factibilidad del Estado de México, la Ley que crea el Instituto de Verificación Administrativa del Estado de México y la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y sus Municipios.
El proyecto también propone reformar las leyes Orgánica de la Administración Pública, de Competitividad y Ordenamiento Comercial, de Fomento Económico, de Eventos Públicos, Orgánica Municipal, del Agua y de Movilidad, así como los códigos Administrativo, de Procedimientos Administrativos, para la Biodiversidad y Penal de la entidad.
La Comisión de Factibilidad del Estado de México, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, será la dependencia encargada de diseñar y coordinar la política jurídica y de acceso a la justicia del Poder Ejecutivo y de planear, programar, dirigir, resolver, controlar y evaluar entre otras, la función de mejora regulatoria, con lo que se pretende atender de manera más eficaz la responsabilidad de la emisión del Dictamen Único de Factibilidad, necesario para la apertura e instalación de nuevos negocios.
Por otro lado, el Instituto de Verificación Administrativa del Estado de México, que también será un órgano desconcentrado de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos con autonomía técnica y operativa, tendrá la responsabilidad de la verificación de documentos y del cumplimiento de las condiciones, requerimientos u obligaciones de obras, unidades económicas, inversiones o proyectos incluidos en las evaluaciones técnicas de factibilidad o en el Dictamen Único de Factibilidad.
En suma, el Estado de México tendrá mejores condiciones que favorezcan la atracción de inversiones y la apertura de unidades económicas, fortaleciendo el desarrollo económico para consolidar el progreso integral de la entidad.