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Atiende Codhem quejas por violación a los derechos

También destaca en la lista los Servicios Educativos Integrados al Estado de México  

La Dirección General de Prevención y Reinserción Social de la entidad es la segunda instancia con mayores quejas


La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) ha registrado de enero a julio de 2023 un total de 3 mil 382 quejas, en las que se atribuye una posible violación a derechos humanos, concentrando la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) el 24.7% del total.  

El portal de Transparencia Proactiva de la página de la Codhem, refiere que después de la Fiscalía, la Dirección General de Prevención y Reinserción Social de la entidad es la segunda instancia con mayores quejas, con un total de 527, es decir, el 15.5% de las quejas, y la Secretaría de Educación del Estado, quien registra 389 quejas.  

También destaca en la lista los Servicios Educativos Integrados al Estado de México (SEIEM) con 220 quejas; el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM) con 127; la Secretaría de Seguridad del Estado con 103 y el Tribunal Superior de Justicia mexiquense con 101 quejas.  

En el micrositio, también se refleja que los municipios con mayores quejas son: Ecatepec (412), Toluca (312), Nezahualcóyotl (294), Tlalnepantla (281), Chalco (192), Almoloya del Río (156) y Naucalpan (156).  

En contraparte, hay seis municipios que no registran ni una sola queja, siendo estos: Nopaltepec, San Simón de Guerrero, Santo Tomás, Texcaltitlán, Tlatlaya y Zacazonapan.  

Los derechos más vulnerados son: el de la debida diligencia, a una educación libre de violencia, a la fundamentación y motivación, a no ser sometido al uso desproporcionado o indebido de la fuerza pública, y a una adecuada administración y procuración de justicia.

Por otra parte, es de referir que de acuerdo con datos de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación (UIPPE), del 01 de enero al 17 de julio del año en curso, se recibieron 495 quejas de personas privadas de la libertad (PPL), en su mayoría presentadas de manera directa por las y los afectados o familiares.