Suman 519 denuncias por el tema de contaminación ambiental, las que la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (Propaem) ha atendido en lo que va de 2022.  

Estando entre sus funciones y atribuciones la facultad de imponer sanciones pecuniarias a las personas físicas o jurídicas colectivas, que incumplan con la normatividad ambiental vigente, la Propaem ha resuelto sanciones este año por un monto global de 25 millones 665 mil pesos a diversas unidades e industrias.  

El titular de la procuraduría, Luis Eduardo Gómez García, resaltó que las denuncias registradas este 2022 son menores a las presentadas durante el año anterior, atribuyendo este comportamiento a la conciencia que se ha generado en las empresas para cumplir con la normatividad y no contaminar el medio ambiente.  

“Se han reducido las denuncias, porque la intención de que demos seguimiento a las medidas correctivas ambientales que dicta la procuraduría con las empresas, es dar un ejemplo de que, si se hacen bien las cosas, no se sanciona”, comentó.  

En reiteradas ocasiones, las autoridades han indicado que son las construcciones, minas, verificentros y rellenos sanitarios, los que registran mayor incumplimiento a la normatividad ambiental.   

De acuerdo con lo referido por la Propaem, el Código para la Biodiversidad del Estado de México señala, entre otras disposiciones, sanciones económicas que van de los 100 a los 60 mil días de salario mínimo general vigente en la entidad, así como la imposición de Medidas Correctivas para corregir el daño causado al medio ambiente. 

Para emitir una denuncia ambiental, la Procuraduría refiere que esta puede ser anónima; sin embargo, se debe señalar con precisión la ubicación del lugar donde sucede la afectación, referir al responsable, sea persona física o empresa y la descripción de la problemática, la misma puede ser presentada por escrito ante la Oficialía de Partes de la Propaem, vía telefónica al 55 53 66 82 53 Ext. 1215.   Respecto a qué se puede denunciar, se precisa que pueden ser: obras públicas estatales o municipales, clínicas y hospitales, rastros, centrales de abasto, panteones, parques industriales, así como rellenos sanitarios, entre otros.