Durante el presente año, la Contraloría del Poder Legislativo encabezada por Juan José Hernández Vences, ha iniciado entre 800 y mil expedientes derivados de denuncias ciudadanas o de propios servidores públicos contra ayuntamientos, indicando que esta cifra pudiera aumentar en un 30% a principios del próximo año, debido al cambio de administraciones.
“Una vez que pasó el proceso electoral, comenzamos un repunte en el número de denuncias por parte de ciudadanos, tenemos muchos problemas dentro de los propios ayuntamientos, es decir, entre ediles se denuncian o entre los miembros de cabildo”, señaló Hernández Vences.
Señaló que de las denuncias interpuestas por ciudadanos, la gran mayoría hacen referencia a que no les han prestado los servicios públicos adecuados o por la omisión en la contestación de oficios de petición, “sobre todo, es en este último es en lo que más incurren, porque el ciudadano tiene derecho a que se le informe”.
A nivel general, informó el contralor que en los casi tres años que llevan las administraciones municipales actuales, son los municipios de Santiago Tianguistenco, Almoloya de Juárez y Toluca, los tres que concentran mayor cantidad denuncias.
Al respecto, el contralor señaló que muchas de las denuncias no sólo hacen referencia a faltas administrativas, sino también a violaciones de derechos laborales, ello en razón a la falta de pago a trabajadores de los ayuntamientos o bien, por despidos injustificados.
“El 10 por ciento de las quejas obedecen a temas laborales, pero sí estamos esperando que ahora con el cambio de las administraciones municipales, tengamos mucha afluencia de denuncias, los entrantes estarán revisando lo que les entregan y encontrarán faltantes”, advirtió.
Lo anterior al anticipar que esperan un repunte del 30% para el 2022 en el número de denuncias tramitadas contra los gobiernos municipales salientes.
Respecto al papel que tendrá la Contraloría en el tema de la transición de los gobiernos municipales, informó que están en búsqueda de las autoridades electas para capacitarlas junto con su cabildo y a quienes aspiran a encabezar algunas direcciones, para que sepan qué pueden hacer y qué no conforme a lo que marca la ley.
