Buscando generar un nuevo tipo penal para favorecer a la protección de las personas y unidades en el desarrollo de la actividad económica, la comisión legislativa de Procuración y Administración de Justicia, aprobó sancionar con 6 y hasta 10 años de prisión y de mil a mil 500 unidades de medida y actualización a quien condicione la compra o venta de mercancía a un determinado proveedor.

La Iniciativa fue presentada en su momento por el fiscal general de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, refiriendo que buscaba con ella hacer frente a las extorsiones que presuntos integrantes de grupos delictivos cometían contra comerciantes en algunas zonas, sobre todo, en la región sur de la entidad.

Tras una serie de reuniones de análisis, las y los diputados aprobaron en comisiones la propuesta, precisando que la iniciativa busca actualizar el Código Penal del Estado de México y favorecer disposiciones acordes con la realidad de la sociedad mexiquense, previendo y sancionando conductas delictivas recientes que atentan directamente contra la economía de la población.

Ante ello, se adicionó el artículo 199 Bis para señalar que a quien por medio de violencia obligue a una persona o unidad económica a comprar, obtener o adquirir a otra persona, comercio o empresa determinados bienes, insumos, mercancías o servicios, o vender, distribuir bienes a personas o empresas determinadas, o imponer en una localidad o región un precio por encima del mercado, se le impondrá de 6 a 10 años de prisión y de mil a mil 500 unidades de medida y actualización.

También refiere circunstancias que agravan la penalidad del delito, ya que además de las penas anteriores, si en la comisión de este participan dos o más personas se impondrá de 3 a 5 años de prisión y de 500 a 800 días de multa.

Cuando la comisión de este delito él o los sujetos activos se ostenten y/o identifiquen como miembros de alguna organización o grupo delictivo, se impondrá de, 7 a 15 años de prisión y de mil 300 a 2 mil días multa, y cuando el delito sea cometido por alguna persona que tenga el carácter de servidor público se impondrá de 8 a 20 años de prisión y de mil 500 a 2 mil 500 días de multa.

Al respecto, el diputado presidente de la comisión, Gerardo Ulloa, indicó que entre todas las partes, se propuso la manera para que los operadores de la norma puedan contar con los elementos para enfrentar y detener una conducta delictiva que se está presentando y propagando en algunas regiones del estado y que violenta la libertad y la integridad de quienes ejercen el comercio como actividad para ganarse la vida así como de los consumidores finales, quienes resisten el alza de precios en productos básicos.