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Ayuntamiento de Toluca, “campeón” en pleitos laborales

 

Las resoluciones se harán efectivas con quien esté al frente del ayuntamiento de Toluca informó la subprocuradora, Araceli Balderas


En lo que va del presente año, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo del Estado de México, ha asesorado a 150 trabajadores en relación a la falta de pago de salarios, por despidos injustificados y algunos otros problemas de cumplimiento con el otorgamiento de prestaciones por parte del ayuntamiento de Toluca.  

Araceli Balderas Gómez, subprocuradora de la Zona Centro de la Procuraduría comentó que de ese global de asesorías, se han concretado 55 demandas en contra del ayuntamiento de Toluca, ocupando el primer lugar en este rubro, seguido de Tlalnepantla que registra 38 y Cuautitlán Izcalli con 29.  

“Nosotros antes de interponer una demanda giramos un citatorio con la finalidad de hacer un arreglo previo a esa demanda, hay ocasiones en las que se presentan y hay posibilidades de llegar a un acuerdo y proceder a la generación de un convenio a favor del trabajador, pero otras en las que no y se procede a concretar la demanda”, explicó. 

Refirió que, de las 55 demandas contra el ayuntamiento de Toluca, todas están en proceso en el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, algunas ya con una audiencia inicial y otras se encuentran en la etapa de desahogo de pruebas.   

La subprocuradora informó que las demandas seguirán su cauce y en caso de haber una resolución favorable para los trabajadores, se hará efectivo con quien esté al frente del ayuntamiento.     

“Esto es solo para el pago, pero internamente pudieran aplicarle otro tipo de procedimiento a las autoridades salientes, porque afectará el erario público, pero eso dependerá de la Contraloría interna”, agregó.  

Señaló que a nivel general son 477 demandas las que se han presentado en contra de ayuntamientos y organismos en lo que va de 2021, entre las causas principales se encuentra: por despido injustificado, adeudo de prestaciones, pago de salarios devengados, incluso por incumplimiento en el pago de prestaciones para beneficiarios de los trabajadores que han fallecido.