En el marco del Día Mundial de la Vida Silvestre, instancias internacionales, nacionales y del Estado de México, buscan conjuntar esfuerzos para mejorar las capacidades de análisis y de investigación, así como fortalecer marcos jurídicos y crear capacidades judiciales y de aplicación de la ley para combatir los delitos ambientales, tales como: la deforestación, la tala clandestina y el tráfico ilegal de especies, entre otros.
Por lo anterior, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y el Poder Judicial del Estado de México, realizaron el Primer Protocolo sobre Justicia Ambiental, en donde expertos intercambiaron experiencias y conocimientos para determinar los criterios que deben incorporarse en esta herramienta.
El protocolo, se indicó, busca ser una herramienta que permita identificar y brindar una adecuada valoración en el proceso de administración de justicia, estableciendo pautas para identificar las conductas que afectan el medio ambiente, delimitar las competencias de cada uno de los operadores del sistema de justicia en el estado, mejorar las técnicas de investigación y adjudicación, así como desarrollar precedentes jurídicos que permitan generar jurisprudencia en delitos que afectan el ambiente.
El titular del Poder Judicial, Ricardo Sodi Cuellar, aseguró que la entidad será punta de lanza a nivel nacional para promover la cooperación estatal, nacional e internacional, y afirmó que el tribunal mexiquense se pondrá a la vanguardia en el combate a los delitos contra la diversidad y el medio ambiente, pues ya ha comenzado a instruir a 20 juzgadores en este tema.
Anticipó que la construcción del protocolo de justicia ambiental para prevenir y sancionar delitos en materia ambiental es el siguiente paso que darán y comenzarán a desarrollar manuales de capacitación, formación y actuación de jueces, peritos, agentes del Ministerio Público y de la policía preventiva en temas ambientales.
Asimismo, el director para la Prevención de delitos internacionales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Mauricio Zapata Saldívar, recalcó que es necesaria una respuesta global para fortalecer los controles al comercio internacional de especies y para combatir el tráfico ilícito de vida silvestre.
Cabe señalar que este conversatorio también participó el subprocurador de Auditoría Ambiental de la Profepa, Enrique Castañeda Sánchez; titular del Programa de Crimen Organizado y Drogas de la Oficina de la Naciones Unidas, Mario Cordero; y Hanny Cueva Beteta, jefa del Programa Mundial sobre delitos que afectan el ambiente.
