Ante el anuncio de cancelar el proyecto del nuevo aeropuerto en el municipio de Texcoco, y al considerar que esta decisión es un retroceso en la certidumbre jurídica que pueden tener las empresas al realizar una inversión, el sector empresarial del Estado de México lamentó profundamente esta decisión y denotó su preocupación respecto a las deudas que acarreará este cambio de planes.
Para Jorge Luis Millán Montes de Oca, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Empresarial del Estado de México (Copaciem), esta decisión traerá implicaciones políticas, económicas y sociales, sobre todo al mandar la señal de que en adelante la decisión del pueblo es la única que va a valer, por encima de las opiniones de expertos.
En lo económico dijo, lo más importante es la generación de desconfianza en futuros inversionistas, dado que la percepción mediática es que no se respeta el estado de derecho y las deudas que se tendrán que cubrir.
Respecto al anuncio sobre la existencia de fondos que respaldan los compromisos en contratos y en inversiones, indicó que sería viable revisar cómo se llevará a cabo el pago de las demandas, al indicar que de acuerdo al análisis técnico, hasta ahora se han invertido hasta 100 mil millones de pesos; 60 mil millones en las obras realizadas y 40 mil millones en gasto no recuperables de contratos firmados.
Recordó que para fondear esta obra, el Afore destinó 2 billones 351 mil millones de pesos para solventar al capital privado, por lo que se supondría un riesgo para los ahorros de los mexicanos, que a fin de cuentas no podrán reclamar nada, porque ellos decidieron cancelar Texcoco “democráticamente” y ahora para generar otro proyecto, como Santa Lucía, se requerirá de una nueva deuda.
Del Mazo ofrece respeto a la decisión sobre el NAIM
Por su parte, María de Lourdes Medina Ortega, presidenta del Consejo de Cámaras y Asociaciones del Estado de México (Concaem) cuestionó la manera de tomar la decisión, pues con ello el mensaje que se envía, no es favorecedora para el país, ya que el anuncio de la obra atrajo la mirada de inversionistas de todo el mundo, y ahora la imagen que se proyecta al exterior es de incertidumbre.
“La opinión pública es fundamental para cualquier sociedad y la participación ciudadana es algo que hemos buscado por años, pero de manera legal, ordenada y sin transgredir el estado de derecho, ¿Cómo se califica a un país que no puede cumplir un contrato? ¿Qué certeza se ofrece a un inversionista que no sabe si su dinero tendrá retorno o en cualquier momento su proyecto ya aprobado se cancela?”.
Indicó que si bien los costos económicos que significará la cancelación del aeropuerto ascenderán a por lo menos 40 mil millones de pesos, esto sólo incluye las inversiones directas, pero se está dejando de lado el impacto en lo social como en la generación de empleos y en la creación de negocios y cadenas productivas en torno a este proyecto.
Finalmente ambos líderes empresariales, coincidieron en que si se pretende que la consulta sea un medio de validación permanente en los proyectos que marcarán la siguiente administración, es necesario que se haga de forma legal, con verdadera inclusión de toda la sociedad y mecanismos que la hagan creíble, pues en esta ocasión deja una sensación de opacidad al estar plagada de deficiencias.
