Como parte de las acciones para garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental, personal de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (Propaem), clausuró cinco predios ubicados en el municipio de Lerma, por no contar con autorizaciones en materia de impacto ambiental.

En un operativo coordinado con elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y elementos de Seguridad Pública municipal, inspectores de la Propaem observaron que, pese a las recomendaciones hechas con anterioridad, los infractores ambientales continuaban con sus operaciones de manera normal.

Por este motivo, y con la finalidad de evitar el deterioro ambiental en la zona, la Procuraduría mexiquense determinó ejecutar la clausura total temporal de las actividades realizadas en estos predios.

Al respecto, Luis Eduardo Gómez García, titular de la Propaem, mencionó que estas medidas de seguridad se imponen con la finalidad de que las unidades económicas no continúen ocasionando daños sinérgicos acumulativos en contra del medio ambiente por el desarrollo de sus actividades.

Puntualizó que la dependencia a su cargo realiza estos operativos de manera permanente y en coordinación con las autoridades de los tres niveles de gobierno, para verificar que se cumpla la normatividad ambiental vigente en la entidad.

Dentro de los predios clausurados, se encuentran cuatro sitios dedicados al acopio y procesamiento de residuos.

El titular de la Propaem invitó a la ciudadanía mexiquense a denunciar actos que atenten contra el medioambiente, a través del correo electrónico [email protected] o a los números telefónicos 55-5366-8253 y terminación 54, así como al 722-213-5456.

De acuerdo con el Artículo 2.270 del Código para la Biodiversidad del Estado de México, este tipo de incumplimiento a la normatividad ambiental es sancionado desde mil 250 UMAS, equivalente a 120 mil 275 pesos, hasta 55 mil UMAS, equivalente a 5 millones 292 mil pesos.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado de México refrenda su compromiso para garantizar el derecho de los mexiquenses a vivir en un ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar, mediante la procuración, vigilancia y difusión del cumplimiento a la normatividad ambiental aplicable en la entidad.