Como parte de las acciones para garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental, personal de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (Propaem), clausuró seis predios ubicados en el municipio de Calimaya, por no contar con autorizaciones en materia de impacto ambiental.
En un operativo coordinado con elementos de Seguridad Pública municipal, inspectores de la Propaem llevaron a cabo trabajos de inspección y vigilancia, donde observaron tres construcciones que se encontraban dentro del Área Natural Protegida, Parque Ecológico, Zoológico Recreativo y Turístico denominada Tollocan-Calimaya, las cuales, al momento de la inspección, no exhibieron sus autorizaciones en materia ambiental.
En dicha diligencia, también se observaron tres minas de extracción y procesamiento de materiales pétreos como arena y grava, ubicados en el sitio conocido como Rancho El Mesón y Santa María Nativitas, las cuales carecían de la infraestructura necesaria para el almacenamiento, extracción y procesamiento del material, por lo que la dependencia estatal determinó ejecutar la clausura de las actividades realizadas en estos predios.
Al respecto, Luis Eduardo Gómez García, titular de la Propaem, mencionó que se seguirán desplegando operativos de manera permanente en la zona, con la finalidad de asegurar la preservación de los recursos naturales y garantizar que cualquier actividad realizada en las zonas de preservación ecológica, se encuentre regulada.
A nombre de la Propaem, Gómez García, agradeció a la ciudadanía que denuncia estas actividades, ya que ello, indicó, es reflejo de la preocupación y ocupación de la población por conservar su entorno.
Asimismo, refirió que estas denuncias son de manera anónima y pueden realizarse mediante el correo electrónico propaemquejas.sma@edomex.gob.mx o a los números telefónicos 55-5366-8253 y terminación 54, así como 722-213-5456.
De acuerdo con el Artículo 2.270 del Código para la Biodiversidad del Estado de México, este tipo de incumplimiento a la normatividad ambiental es sancionado desde mil 250 UMAS, equivalente a 120 mil 275 pesos, hasta 55 mil UMAS, equivalente a 5 millones 292 mil pesos.
Con estas acciones, el Gobierno del Estado de México refrenda su compromiso para garantizar el derecho de todos los mexiquenses a vivir en un ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar, mediante la procuración, vigilancia y difusión del cumplimiento a la normatividad ambiental aplicable en la entidad.