En el centro de Toluca, el malestar entre los comerciantes es palpable. Desde marzo, los locatarios han dirigido reiterados llamados al presidente municipal Juan Maccise y al Cabildo para que suspendan el cobro del impuesto por descargas residuales, que consideran injusto y oneroso.
La razón de su descontento radica en que este impuesto representa una doble tributación para los comercios establecidos en la zona, un cobro adicional que muchos de ellos afirman no recibir en servicios de agua y saneamiento.
“No tenemos agua constante y debemos costear el doble impuesto. Además, debido a la falta de agua, debemos invertir en insumos extras como desechables para suplir la carencia de este servicio, lo que afecta gravemente nuestras finanzas”, expusieron los locatarios.
También señalaron la desventaja económica en la que se encuentran frente a los comercios informales, que no pagan esta tributación y, por tanto, pueden ofrecer precios más competitivos.
Ante esta situación, los locatarios han solicitado que el ayuntamiento reconozca la situación y tome acciones concretas para eliminar el cobro.
Los afectados reconocen que la crisis hídrica no es responsabilidad exclusiva del ayuntamiento; sin embargo, hicieron un llamado a la “voluntad política” para que se aborden soluciones efectivas.
En respuesta, el Cabildo ha considerado la posibilidad de revisar este impuesto, aunque hasta ahora no se ha tomado una decisión concreta sobre la suspensión del cobro.
Regidores abogan por eliminar el impuesto
Durante la última sesión del Cabildo, regidores y síndicos de la administración municipal de Toluca plantearon la necesidad de revisar la política de cobros en la ciudad, especialmente el impuesto adicional aprobado en 2022 que grava a los comerciantes del sector alimentario y otros giros, al parecer, en una doble tributación por las descargas residuales.
Esta revisión es vista como fundamental para aliviar la carga económica de los locatarios del centro, quienes ya enfrentan dificultades por la escasez de agua y los costos de insumos adicionales para operar sin agua corriente.
Mario Cardoso, regidor del municipio y miembro de Morena, expresó su preocupación por la sostenibilidad del modelo de recaudación actual, en especial ante la incertidumbre en el suministro de agua y el impacto de la inflación en el gasto operativo de los comercios.
“Es necesario revisar este doble cobro. No podemos ignorar la realidad de los negocios formales en Toluca, que aportan impuestos y generan empleo”, señaló Cardoso.
El regidor subrayó que el modelo de abastecimiento de agua se encuentra en una situación de riesgo financiero, dado el elevado costo de operación en los pozos y la creciente dificultad para garantizar un servicio adecuado a la población.
“La recaudación no subió como esperábamos, a pesar de las campañas de regularización, y permanece 40% por debajo del objetivo para este año”, agregó.
Esta baja en la recaudación, combinada con los gastos elevados en electricidad para los pozos, ha puesto en jaque la viabilidad económica del sistema de suministro de agua en Toluca.
Gastos millonarios en pozos de agua presionan finanzas
La crisis en Toluca se extiende más allá de la inconformidad de los locatarios; también toca las finanzas del municipio. La administración destina alrededor de 20 millones de pesos mensuales solo en el consumo eléctrico de los 101 pozos de agua que operan para compensar la reducción en el suministro proveniente del Sistema Cutzamala, que bajó de 500 a 180 litros por segundo desde principios de año, afectando a más de medio millón de habitantes.
Cada pozo, explicó el regidor Cardoso, representa un costo significativo para el municipio. La perforación de cada unidad asciende a 12 millones de pesos, mientras que el gasto mensual por electricidad oscila entre 300 mil y 350 mil pesos.
A esto se suma un pago de 200 mil pesos por cada pozo en convenios de electrificación con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo cual ha generado una fuerte presión en las finanzas públicas.
El alto costo de operación de los pozos, además, no garantiza que la demanda de agua esté completamente cubierta. Se estima que existe un déficit de 150 litros por segundo, especialmente en la zona centro, donde los residentes y comercios padecen una entrega irregular de agua.
Esta situación, argumenta Cardoso, ha contribuido a desmotivar a los contribuyentes cumplidos, quienes se ven afectados por la inconsistencia en el servicio pese a realizar sus pagos puntuales.
Para algunos regidores, esta situación requiere soluciones sostenibles que disminuyan la dependencia en los pozos, cuyo costo resulta cada vez más insostenible.
Cardoso enfatizó la necesidad de optimizar los recursos públicos, por lo que la actual gestión municipal debe buscar alternativas energéticas y tecnológicas para reducir el gasto en electricidad y mantener la viabilidad del modelo de suministro de agua.
La falta de organización en el tandeo y la entrega deficiente de agua han acentuado los problemas de recaudación en el municipio, mientras que el costo de los pozos representa una inversión insostenible a largo plazo.