Por explotación ilegal del Viaducto Elevado Bicentenario, Luis Limón Chávez, ex secretario de Comunicación y Movilidad del Estado de México, en la administración del ex gobernador Alfredo del Mazo Maza, compareció ante un juez en el Penal del Altiplano.
El ex funcionario público, está señalado por ser uno de los firmantes del documento que pretendía hacer legal la concesión de esta autopista otorgada a la filial Obrascon Huarte Lian (OHL), construida en el año 2008, durante la administración estatal de Enrique Peña Nieto.
Ante la ilegalidad para adquirir la concesión, la administración Delmacista continuó buscando estrategias para la explotación de la pista elevada.
El caso fue atraído por la Fiscalía General de la República (FGR), quien acusó ante un juez Federal que la filial OHL, hoy Aleatica, actuó de manera ilegal para adquirir la concesión en contubernio con diversos funcionarios públicos.
Por lo que son siete las personas denunciadas, entre las que destaca Luis Limón Chávez, ex secretario de Comunicación y Movilidad, Alberto Angulo, exdirector del Sistema de Autopistas; y Jorge González Bezares, exdirector de la Junta de Caminos. Por parte de Aleatica, se encuentran Andrés de Oteyza, expresidente del Consejo de Administración de OHL México; Sergio Hidalgo Monroy Portillo, exdirector general de la compañía; y Rubén López Barrera, actual director.
La FGR integró la carpeta de investigación a partir de las denuncias realizadas por el abogado Paulo Díez, quien detalló cómo el Viaducto Bicentenario se construyó sobre una vía general de comunicación que corresponde a la carretera México-Querétaro, la cual es federal.
Recordando que las concesiones sobre vías federales sólo pueden ser otorgadas por el gobierno federal y no así por los gobiernos estatales.
Para intentar hacer legal la concesión, en el 2020 funcionarios de la administración del ex gobernador Alfredo del Mazo Maza firmaron un documento en la cual se estableció que el Gobierno federal entregó en 1983 el control de éste bien nacional.
Empero, lo único que se cedió en ese supuesto documento fue un pequeño ramal, no así la concesión para la explotación de la vía federal de más de 22 kilómetros de longitud y donde se estima se obtienen 3 millones de pesos al día en peaje.
De ser encontrados culpables por el delito de explotación de un bien nacional sin concesión del Gobierno federal, los funcionarios podrían alcanzar 12 años de prisión.
PRIMERA AUDIENCIA
Más de 11 horas duró la primera audiencia de imputación y vinculación a proceso por el caso de la explotación ilegal del Viaducto Elevado Bicentenario.
De acuerdo con el abogado Paulo Diez Gargari, la FGR expuso 110 datos de prueba con lo que quedó acreditado que no existe una concesión federal para la explotación de esta vialidad.
Asimismo, denunció que el juez realizó manifestaciones ilegales, actuando como un asesor de los imputados, “al sugerirles quedarse callados para dictar una no vinculación a proceso, ya que la imputación de la Fiscalía no había sido adecuada”.
Ante estas acciones, los abogados de la Fiscalía externaron al juez la existencia de un grave impedimento para que él siguiera conociendo el caso al dar consejos a la defensa de los imputados.
A las 19:30 horas, se dictó un primer receso de la audiencia que comenzó a las 09:00 de la mañana. A las 20:00 horas se retomó el juicio.
