El Congreso del Estado de México aprobó por unanimidad la “Ley Ingrid”, dando paso a reformas al Código Penal estatal para establecer sanciones de hasta 12 años de prisión a quien difunda imágenes de cadáveres de personas.
Fue en julio de 2021, cuando el Pleno del Congreso aprobó esta ley que sancionaba inicialmente hasta con 11 años de prisión a quien filtrara indebidamente información, imágenes, grabaciones y documentos de una carpeta de investigación en trámite; sin embargo, en marzo de 2023 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional esta ley por falta de precisión para definir la conducta.
Y es que en su momento, señaló que su redacción era genérica y sobreinclusiva, es decir, abarcaba demasiadas conductas y era para todo tipo de personas, de ahí que quedara inválida, procediendo la bancada de Morena y otras como la del Partido Verde Ecologista de México, a presentarla nuevamente con las debidas correcciones.
Esta ley surge con honor a Ingrid Escamilla, víctima de feminicidio que fue revictimizada por autoridades capitalinas, que filtraron las imágenes de su cuerpo en redes sociales y algunos medios de comunicación, además del caso del actor Octavio Ocaña, en donde también se filtraron las imágenes del cadáver, presuntamente por una paramédico.
Tras estos casos, se especifica en el dictamen aprobado que si en la comisión de este delito participan servidores públicos de salud, protección civil, seguridad pública, procuración y administración de justicia o cualquier otro inherente a la cadena de justicia, que por su empleo cargo o comisión tengan acceso a la información y documentos relacionados con objetos, indicios, evidencias, hallazgos e instrumentos vinculados a un procedimiento penal o una investigación relacionada con el hecho delictivo, se le impondrán de 3 a 7 años de prisión.
También especifica que si el sujeto pasivo de este delito son mujeres, niñas, niños, adolescentes o personas en situación de vulnerabilidad, la pena se incrementará hasta una mitad de las que correspondan, por lo que podrían alcanzar sanciones de hasta 12 años de prisión.
