La Contraloría del Poder Legislativo ha recibido 36 denuncias en el marco del proceso electoral, asuntos que aún se encuentran en proceso de investigación, proviniendo la mayoría, de resoluciones que dictó el Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) y que dio vista a esta instancia.
Siendo una de las facultades de la Contraloría el recibir quejas y denuncias, y darles el trámite correspondiente, su titular Juan José Hernández Vences, explicó que los principales motivos de las quejas anteriores refieren la asistencia de servidores públicos en actos de campaña en días y horas hábiles, propaganda extemporánea de informes de gobierno, uso personalizado de imagen de servidores públicos y actos anticipados de campaña.
De manera general, informó que el 90% de las quejas son contra servidores públicos municipales, mientras que el 10% contra servidores del Poder Legislativo.
En el tema de la rendición de cuentas, comentó que los informes legislativos de las y los diputados comenzaron a darse desde septiembre, mientras que de los presidentes municipales en diciembre, teniendo únicamente entre 5 y 7 días para difundirlos; sin embargo, hubo quienes se pasaron de este lapso y fue en este año cuando se comenzaron a formalizar las denuncias correspondientes.
“Están incrementando las quejas, desde que comenzó el proceso electoral federal, se han incrementado mucho por cualquier situación, denuncian a presidentes municipales, síndicos, regidores, a todo mundo”, dijo.
Este comportamiento de presentación de quejas, aseguró que es habitual durante el contexto político electoral, pero se tendrá que analizar qué tanto prosperan, por sí logran acreditar una falta.
Lo anterior, al referir que en muchas ocasiones se presenta la denuncia sólo para pretender afectar al contrario, para que no sea candidato, sin aportar ni contar con los elementos necesarios que acrediten la falta. “Nuestro deber es investigarlo y es lo que vamos a hacer”.
Finalmente el contralor, recordó a los servidores públicos que deben actuar responsablemente, pues de violar la norma y la ley pueden ser sujetos a amonestaciones privadas, públicas e inhabilitaciones hasta por un año.