De acuerdo con datos del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), en el Estado de México se registraron de 2014 al 2017 un total de mil 413 feminicidios y tan sólo del año pasado a la fecha se tiene el conocimiento de mil 200 mujeres desaparecidas, 60 por ciento son menores de entre diez y 17 años de edad.
María de la Luz Estrada, coordinadora de dicho observatorio, refirió que la impunidad y la corrupción son los principales males que evitan que se se consiga justicia por el crimen.
Lo anterior al señalar que de los mil 413 feminicidios tan sólo 17 por ciento se iniciaron como investigación; de éstos, 49 por ciento de los casos se desconoce al victimario y en la mayoría de los asuntos la carpeta se quede en archivo.
“El acceso a la justicia y la reparación parecieran ser una broma que enfrentan las personas tras la pérdida de sus familiares. El estado tiene un alto nivel de criminalidad que la alerta de género lo pone entre las cinco entidades con mayor crimen que está poniendo en riesgo a las mujeres”, precisó.
En torno a la llamada Alerta de Género que actualmente se contempla en 11 municipios mexiquenses, la coordinadora estimó que sólo 20 por ciento de su estructura sí ha funcionado realmente, mientras que el resto ha carecido de cumplimiento adecuado en la búsqueda de mujeres, investigaciones y sanciones.
Al presentar el Informe Implementación del tipo Penal de Feminicidio en México: Desafíos para acreditar las razones de género 2014-2017, en el que participaron familiares de víctimas y defensoras de los derechos humanos, se indicó que pese a que la alerta ha sido implementada en Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Tultitlán y Valle de Chalco, es necesario ampliar la alerta a Tecámac, siendo éste uno de los municipios donde desaparecen más mujeres menores de edad.
La integrante del OCNF aseguró que lo que queda pendiente por hacer por parte de la autoridad competente es implementar mecanismos de sanción cuando exista omisión o corrupción, puesto que la mayoría de los casos quedan impunes por malas investigaciones.
“Hoy el nuevo Sistema de Justicia Penal está dejando libres a los agresores, no porque el sistema no sirva, lo que no sirve es que sigan mal las investigaciones que tienen material probatorio y que te piden material científico para vincular a proceso a los asesinos”, concluyó.