Información Guillermo Espinosa
Por el desacato a una orden de un Juez Federal para devolver los predios que fueron enajenados o indemnizados, para la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), los propietarios de 91.5 hectáreas, que les fueron expropiadas presentaron una denuncia penal en la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de Román Guillermo Meyer Falcón, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario y Territorial (Sedatu) y de dos de sus principales colaboradoras la directora General de Ordenamiento de la Propiedad rural, Dulce María Rodríguez y la subsecretaria de Ordenamiento Territorial y agrario, Ednna Elena Vega Rangel.
Según el equipo de abogados que representan a los quejosos, funcionarios de la Sedatu incumplieron, no solo el ordenamiento del juez Quinto de Distrito de Amparo en Materia Administrativa, sino también del Tribunal Décimo del Primer Circuito en Materia Administrativa, que ratificó la sentencia del juez de amparo
“El juzgado en materia Administrativa y el Tribunal Colegiado en materia Administrativa han determinado en sentencia firme, inamovible, que se concede el amparo para el efecto que se devuelvan predios en Santa Lucía, en donde se encuentra el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, esto ya es inamovible, el juzgado ha estado requiriendo el cumplimiento a la sentencia, pero no quieren dar curso a una resolución, lo que implica un delito”.
Rafael Ayala Pasten, miembro del equipo de abogados que encabeza Teófilo Benítez Granados, señaló que las personas afectadas poseen esas tierras legalmente, desde la década de los 70, lo cual acreditaron con documentación legal.
“Pero la autoridad se ha negado a restituirlo o a indemnizarlos, no obstante de que se encuentran dentro del Aeropuerto Felipe Ángeles, la autoridad judicial determinó que si bien no puede restituirse a la familia, puede otorgarse una indemnización, lo cual hasta la fecha no se ha hecho, a pesar de los diferentes requerimientos por parte de la autoridad federal y aquí está presentada la denuncia”
Por su parte el penalista Teófilo Benítez Granados, sostuvo que debe existir sensibilidad y coherencia del Gobierno de México (Federal), para cumplir con las resoluciones que establece el Poder Judicial de la Federación, pero al no acatar dicha determinación existe la alternativa de denunciar penalmente el desacato.
De acuerdo con el amparo número 1537/2019, las resoluciones que declaran como terreno nacional los predios dentro del polígono denominado “Xaltocan”, del municipio de “Nextlalpan”, Estado de México, resultan ilegales, al haberse incluido dentro de éstas las fracciones B y E de Xaltocan, municipio de Nextlalpan, Estado de México, propiedad del quejoso.
“Lo procedente es conceder el amparo y protección de la justicia federal solicitada”. Por tal razón, según señala el Bufete Jurídico, deberán ser citados a comparecer Román Guillermo Meyer Falcón, Dulce María Rodríguez y Ednna Elena Vega Rangel.