La Secretaría de Seguridad (SS) a través de la Subsecretaría de Control Penitenciario, desmiente que en los Centros Penitenciarios y de Reinserción Social (CPRS) de la entidad mexiquense, exista algún cobro para los familiares de los internos como supuestamente se dio a conocer.
En este sentido, la institución reitera que el informe “Situación Carcelaria en el Estado de México” elaborado por el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) y presentado a diputados y servidores públicos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codhem), el cual expone supuestas violaciones a los derechos humanos de los internos y las visitas, se sustenta en denuncias verbales que no se han formalizado ante las instancias legales correspondientes.
En dicho documento se refiere que en los días de visita, aparentemente se exige una cuota de mil 200 pesos a los parientes de las Personas Privadas de la Libertad (PPL); sin embargo, esto bajo ninguna circunstancia está permitido, mientras que para supervisar el buen actuar en los CPRS cuentan con una oficina de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) destinada a garantizar el irrestricto apego de los derechos de quienes atraviesan un proceso o cumplen una sentencia.
Aunado a lo anterior, tanto la Comisión Especial Penitenciaria de la Cámara de Diputados como funcionarios de la Codhem han realizado distintas visitas, algunas de ellas de forma sorpresiva, sin que se destacaran hallazgos que fundamenten dichas denuncias.
Para evitar abusos de autoridad, así como irregularidades en el sistema penitenciario, se ha delineado una Política de Combate a la Corrupción, misma que ha ido más allá del papel y que se sustenta en acciones concretas.
Entre ellas, destacan la rotación del personal operativo, administrativo y directivo, la instalación de cámaras de videovigilancia que son operadas por una instancia distinta a la carcelaria en los puntos susceptibles de actos de corrupción.
A los elementos que se les ha detectado en actos de corrupción, se les ha integrado su expediente respectivo ante la Comisión de Honor y Justicia, en el periodo comprendido de septiembre de 2017 a la fecha, se tiene registro de más de 250 expedientes, en proceso de investigación y se ha dado de baja a 62 elementos por decisión de la Comisión de Honor y Justicia.
La Secretaría de la Contraloría y la Unidad de Asuntos Internos (UAI) realizan constantes supervisiones aleatorias en todos los Centros Penitenciarios y oficinas centrales con el objetivo de que se haga un uso adecuado de los bienes inmuebles, recursos materiales y humanos de la institución.
Es importante destacar que hasta el momento, no se tiene registro de ninguna denuncia formal por actos de acoso sexual por parte de servidores públicos de la institución en contra de familiares o mujeres privadas de la libertad, y en caso de existir, exhorta a los familiares y población penitenciaria a utilizar los canales institucionales, mismos que permitirán dar seguimiento y actuar con todos los recursos administrativos y legales necesarios.
La dependencia reafirma su compromiso y apertura para atender todas las demandas de las PPL y sus familias, así como con transparentar su funcionamiento y cooperar con organismos públicos defensores de los Derechos Humanos, Sociedad Civil Organizada, Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEM), Codhem, el Poder Judicial, así como con la Cámara de Diputados local para fortalecer las actividades de reinserción social e institucionalidad.