Integrantes de las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Procuración y Administración de Justicia acordaron mantener en estudio las iniciativas que buscan proteger de la violencia a grupos vulnerables como los infantes y las mujeres.
Maltrato infantil
En primera instancia, los diputados revisaron en reunión de trabajo, la iniciativa que busca modificaciones al Código Penal del Estado de México, a fin de tipificar como delito grave el maltrato infantil, coincidiendo en que si bien, son un sector especial que requiere de esfuerzos conjuntos y de mejoras, se requiere robustecer la iniciativa escuchando la voz también de los especialistas para evitar duplicidad de los tipos penales y garantizar una correcta operatividad de la disposición.
Es de referir que la propuesta hecha por los diputados panistas Ingrid Krasopani Schemelensky y Edgar Olvera Higuera, busca adicionar el artículo 220, estipulando que comete delito de maltrato infantil o adolescente quien lleve a cabo actos que prive a un menor de edad de sus derechos o conductas de agresión física, psicológica, emocional, sexual, sufrimiento, discriminación, patrimonial y/o económica.
Destacando que al que cometa este delito se le impondrá de 6 meses a 4 años de prisión, o de 60 a 400 días multa, siendo el delito, perseguido de oficio.
Asimismo, se pretende incorporar el artículo 220 bis, mismo que estipularía que se incrementará una tercera parte de la pena cuando el sujeto pasivo sea menor de doce años, quien ejerza la violencia, labore en una institución asistencial y a quien se encuentre ejerciendo la patria potestad o custodia del menor.
Violencia contra la mujer
Como segundo tema, analizaron la iniciativa de la diputada de Morena, Mariana Uribe Bernal que pretende incluir en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México la definición de “Persona Ofendida”, como persona que interviene en los casos de violencia; así como incluir como modalidad la de “violencia contra la libertad reproductiva” para que sean ellas quienes decidan tener o no hijos, cuántos tener y con quién, así como el intervalo entre cada embarazo.
Para abonar en el análisis, estuvo presente la titular de la Fiscalía de atención a Delitos de Violencia de Género, Dilcya García Espinoza de los Monteros indicó que en el caso de la obstétrica o reproductiva, sí se castiga pero únicamente a quienes se encuentran dentro del sistema de salud por lo que dijo, “Es importante que dentro del sistema de justicia se tenga un fundamento legal para imputar directamente a otras personas que no pertenecen a las instancias de salud”.
Ambas propuestas también continuarán en análisis, indicando que para la próxima reunión se llamará a personal del Poder Judicial, de la Fiscalía y de la CODHEM.
