La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) reportó que durante 1 de abril de 2023 al 31 de marzo de 2024 registraron 3 mil 967 extorsiones, de las cuales, el 33% han sido por medio de llamadas telefónicas, el 24% a particulares, el 23% al comercio y el resto por relación de confianza, a empresas o al transporte público.
En el documento correspondiente al Segundo Informe de Gestión del fiscal General de Justicia del Estado, José Luis Cervantes Martínez, remitido a la LXI Legislatura para su análisis, se agrega que durante ese periodo fueron detenidas 606 personas por este delito y se obtuvo sentencias de condena para 278 personas, 242 de ellas consideradas de alta penalidad.
Y es que el Código Penal del Estado de México indica en su artículo 266 que las penas por extorsión simple van desde 8 a 12 años de prisión y, en el caso de la extorsión agravada, alcanza penalidades de 40 a 70 años de prisión, e incluso prisión vitalicia.
Hay dos tipos de extorsiones: directa e indirecta
Actualmente la fiscalía clasifica la extorsión en directa que es donde se interactúa personalmente con la víctima al acudir a su domicilio, escuela, trabajo o negocio.
Extorsión indirecta que se comete a través del teléfono celular, correos electrónicos o redes sociales y por acaparamiento, en donde los delincuentes obligan a personas o unidades económicas a vender o adquirir bienes, insumos o servicios en determinados puntos, así como imponer precios por encima del mercado.
Respecto al combate a grupos delictivos dedicados a la extorsión, la fiscalía detectó la operación de 25 principalmente con orígenes en Michoacán y Jalisco que operan principalmente en Valle de México como Nezahualcóyotl, Ecatepec y Tlalnepantla, pero también en Almoloya de Juárez, Zinacantepec, Toluca, Metepec, Tejupilco, Sultepec, Tlatlaya, entre otros.
De manera adicional, se dio cuenta que el Grupo Fuerza de Tarea adscrito a la Agencia de Investigación Criminal de la Institución, se enfocó particularmente al combate a la extorsión en su modalidad de acaparamiento de bienes y servicios.
Para ello realizó 60 técnicas de investigación de cateo a establecimientos de tipo comercial cuyos giros fueron: venta de pollo, huevo, tortilla, harina, cervecerías, materiales para construcción, ferreterías y refaccionarias, dando como resultado el aseguramiento de inmuebles que representaron una afectación económica a las estructuras criminales de cerca de mil 500 millones de pesos que recibía un grupo criminal con orígenes en el estado de Michoacán.