El costo promedio que pagan las empresas mexiquenses por casos de corrupción es de 7 mil 419 pesos al año, informó la presidenta del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México (CCEM), Laura González Hernández, al hacer un llamado a los aspirantes a la gubernatura mexiquense a no ignorar esta problemática que se vive en el estado y el país.
La líder empresarial, precisó, que estas cifras han sido dadas a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), y las cuales han revelado que el Estado de México está entre los niveles más altos de corrupción.
El informe con datos de 2021, detalló la líder empresarial, refiere que la prevalencia de corrupción experimentada por la población mayor de 18 años en el Estado de México se mantuvo entre las más altas del país con 17.7 por ciento de habitantes, problemática situada sólo por detrás de la inseguridad pública y la delincuencia.
Además, en promedio, a nivel nacional la corrupción cuesta a cada ciudadano 3 mil 044 pesos, que se genera por regalos, dinero o favores que reciben los servidores públicos cuando la población o las empresas realizan algún trámite o servicio.
De acuerdo al Consejo en el territorio mexiquense se asientan 637 mil 799 micro empresas.
La entidad, comentó González Hernández, no está siendo capaz de prosperar debido a sus elevados índices de corrupción y por el contrario, hay una distribución desigual de la riqueza.
Asimismo, informó que “una de las consecuencias de este fenómeno es que perjudica los flujos de inversión extranjera directa, misma que desempeña un papel importante en el desarrollo económico”.
En el sector empresarial no concebimos que no haya lugar para la denuncia de quienes cometen corrupción y soborno, pues esto frena el desarrollo de la entidad y el país, sostuvo.
Trámites y servicios
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del INEGI, en México, los principales trámites y servicios donde los ciudadanos han experimentado al menos un acto de corrupción es al tener contacto con autoridades de seguridad pública.
En segundo lugar, se posicionan los trámites ante el ministerio público, seguido por permisos relacionados con la propiedad; en cuarto lugar se encuentran los trámites para abrir una empresa.
Seguido de ellos se encuentran los trámites municipales, vehiculares, servicios municipales y el trámite del servicio de energía eléctrica.
Cabe destacar que la Política Nacional Anticorrupción (PNA) considera como una de sus prioridades la implementación de programas de capacitación a los servidores públicos.
De acuerdo al INEGI, 28 entidades federativas impartieron alguna acción formativa en materia de prevención, detección, control, sanción, disuasión y combate a la corrupción.
En el Estado de México, los servidores públicos que recibieron capacitación en materia anticorrupción fue de 7.3 por ciento.