Ejidatarios de la comunidad de San Buenaventura, perteneciente al municipio de Toluca, se manifestaron frente a Palacio de Gobierno y el Poder Legislativo para denunciar fraude en la compra de terrenos que se utilizaron para la construcción del tren Interurbano México-Toluca, piden encarcelar a los responsables de la negociación, además del pago correspondiente como indemnización de los 96 mil metros cuadrados de sus ejidos.
Con pancartas en manos, carteles y una bandera de México, los inconformes pidieron la intervención de autoridades estatales y federales a fin de iniciar acciones legales en contra de servidores y ex funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes federal, del ex comisariado ejidal, Hilario Jorge Hernández Garcés y de más que resulten responsables del fraude.
Mediante conferencia de prensa, Edgar Ocampo Hernández, asesor jurídico del núcleo agrario San Buenaventura explicó que han detectado actos de corrupción en los acuerdos que sostuvo tanto la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de la dirección de Desarrollo Ferroviario y Multimodal, junto con el comisariado ejidal, identificando un fraude millonario de 28.1 millones, mediante la celebración de 24 convenios de transmisión de derechos de posesión, en los que participaron familiares directos de Hilario Hernández.
Si bien, dijo, en su momento la SCT pagó 28.1 millones de pesos tanto al entonces presidente ejidal como a otras personas que no contaban con ninguna calidad agraria dentro del ejido, dicha indemnización nunca se dio cuenta a los verdaderos ejidatarios, por lo que ahora piden el pago de 300 millones de pesos aproximadamente, por sus terrenos.
“El ejido San Buenaventura ha iniciado las acciones legales en contra de la SCT y la dirección de Desarrollo Ferroviario y Multimodal, así como en contra del ex comisariado ejidal, actualmente el ejido mantiene un amparo radicado en el Juzgado Séptimo de Distrito en materia de Amparos y Juicios Federales el cual esta decretada una suspensión para que el tren interurbano deje de funcionar o circular en el tramo de San Buenaventura”, enfatizó.
Ante dichas irregularidades, demandan la intervención tanto de diputados locales a través de la Comisión legislativa de Comunicaciones y Transportes, como de los actuales funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones del Gobierno de México y del propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.