Con el objetivo de aclarar la posible comisión de hechos de corrupción en los Centros de Readaptación Social, el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, aprobó por unanimidad solicitar al Comité Coordinador del propio sistema emitir un exhorto a la Secretaría de Seguridad mexiquense.  

La petición, señalaron los integrantes del CPC durante su sesión ordinaria, se deriva de una serie de diagnósticos e informes que han emitido instancias y organizaciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero”, así como de la petición de los Comités de Participación Ciudadana municipales.  

El presidente del CPC Edoméx, José Guadalupe Luna Hernández, destacó que el informe de la CNDH 2021 señala que de 18 Centros de Readaptación Social del estado estudiados, sólo en dos casos, el de Sultepec y el femenil de Nezahualcóyotl Sur, la capacidad de las instalaciones es superior al número de personas en reclusión, mientras que en los demás, supera la población las capacidades de infraestructura, siendo tres los casos más graves: Chalco en donde la ocupación es cuatro veces mayor, Tlalnepantla y El Oro donde la población penitenciaria es tres veces superior.  

Con lo anterior, dijo, se señala que esta sobrepoblación implica consecuencias que no permiten el acceso a una vida digna y segura en reclusión, tampoco permite cumplir con las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos.  

El exhorto, explicó, iría acompañado de cinco cuestionamientos que deberá responder la Secretaría de Seguridad, siendo estos: conocer qué criterios se adoptan para determinar el acceso de las personas privadas de la libertad a los bienes, espacios y servicios necesarios para contar con condiciones de vida digna en reclusión; quiénes toman las decisiones sobre el acceso de los reclusos a los espacios; qué medidas se están adoptando para impedir las prácticas de autogobierno por parte de las Personas Privadas de la Libertad; cuáles son los procedimientos adoptados para investigar y sancionar las conductas indebidas de los servidores públicos; y qué procedimiento existe para denunciar actos de corrupción, cobros indebidos y actos ilícitos dentro de los centros de readaptación social y cómo se protege al denunciante.  

Tras aclarar que si bien, no son expertos en la materia, señalaron que con este tipo de exhortos buscan hacerle saber a la sociedad que están escuchando sus inquietudes, y aspiran a contribuir en la investigación para que se llegue a definiciones y decisiones que se deban tomar para tener un mejor ejercicio en materia de administración de justicia, que es el tema más sensible en el tema de corrupción.