Las comisiones de Procuración y Administración de Justicia, junto con la de Protección Ambiental y Cambio Climático iniciaron el análisis de cuatro iniciativas en materia de maltrato animal, una de ellas busca sancionar con hasta 4 años de cárcel a quien abandone o aísle a mascotas en las azoteas, zotehuelas, balcones, terrenos baldíos o vehículos.

Las propuestas han sido presentadas dos, por la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y otras dos por Acción Nacional (PAN), buscando todas respetar la vida y dignidad de cualquier especie, y proteger a los animales de las condiciones de abandono en la que muchos se encuentran.

En su momento se refirió que Tecámac, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Toluca, Tlalnepantla y Naucalpan, son los municipios con mayor número de reportes de maltrato animal, pues hasta mayo de 2023 se habían iniciado 103 carpetas de investigación por ese delito.

Además, se indicó que durante la pandemia, la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (Propaem), recibió 5 mil 649 denuncias por agresiones contra animales, y que del 2020 al 2022 principalmente, se presentó un aumento del 30% de agresiones a los animales de compañía en los hogares mexiquenses.

Ante este panorama, las y los diputados han planteado reformas al Código Penal y al Código de Biodiversidad, ambos del Estado de México para adicionar como maltrato animal a todo aquel que aísle o amarre en azoteas, zotehuelas, balcones, terrenos baldíos o vehículos a sus animales, sancionando a quien lo haga con una pena de 6 meses a 4 años de prisión y de 150 a 300 días de multa.

Y es que se indicó que este tipo de abandono compromete su salud, principalmente durante época de lluvias y olas de calor.

Además, se propone sancionar a quien por acción u omisión cause lesiones dolosas a cualquier animal que no constituya plaga, con el propósito o no de causarle la muerte, con una pena de 6 años de prisión y 500 días de multa, así como imponer hasta 7 años de prisión y 600 días de multa, a quien cause la muerte no inmediata, utilizando cualquier medio que prolongue la agonía de cualquier animal.

Las anteriores penas también establecen como agravantes del delito, cuando el acto sea cometido por servidores públicos que tengan por encargo el manejo de animales.