El 70 por ciento de la red carretera del Estado de México, presenta baches y se encuentra en malas condiciones, reconocen el secretario de Movilidad, Daniel Sibaja González, así como Ariel Juárez Rodríguez, encargado de la Junta de Caminos del estado. 

La falta de recursos, los malos manejos de los mismos y los incumplimientos de contratos, son las principales causas de las deplorables condiciones en las que se encuentran las carreteras, desde la concesionada y la que es responsabilidad del estado hasta la municipal.

De acuerdo a los funcionarios estatales, a través de sanciones contra los concesionarios o las empresas que tienen adjudicado los proyectos PPS será como el Gobierno del Estado tratará de poner orden y de que se mejoren las carreteras.

El encargado de la Junta de Caminos, apuntó que en el caso de las carreteras a cargo del estado como lo es Periférico Norte, que va desde el municipio de Tepotzotlán hasta Naucalpan, el mantenimiento se establece por medio de los contratos de Proyectos de Prestaciones y Servicios (PPS).

La situación del mantenimiento a través de los PPS, apuntó, “es un tema espinoso, nada sencillo, ni algo de lo que podamos rescindir, ya que (legalmente al estado) le llevaría años y tendría que seguir pagando los contratos, podría ser contraproducente para el estado”.

Por ello, se exigirá a las empresas cumplir lo establecido en los contratos, de lo contrario serán penalizadas y la penalización no es por bache, sino por el tramo del que son responsables. 

De acuerdo a datos de la Junta de Caminos del Estado, existen al menos 19 Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) para la Conservación de carreteras y 37 vialidades de la entidad para atender un total de 636.98 km.

Los conceptos comprenden pavimentación, obras de drenaje, señalamiento horizontal y vertical, dispositivos de seguridad, control de vegetación y alumbrado público. 

Concesionarios bajo lupa

En lo que respecta a las carreteras concesionadas, Daniel Sibaja, secretario de Movilidad, informó que se crearán estándares de calidad para que las carreteras estén libres de baches, de existir alguno el concesionario tendrá que pagar una multa. Actualmente, las autoridades realizan la supervisión de los 12 títulos de concesión que existen.

Los títulos de concesión que heredaron de la pasada administración, según el titular de la Semov, “fueron totalmente modificados, leoninos y en contra del Estado”, por lo que se está trabajando para que mínimamente cumplan con la calidad.

Afectación a usuarios

Al respecto, empresarios mexiquenses han reconocido que el mal estado en las carreteras afecta las inversiones, por lo que el año pasado se logró que la Legislatura mexiquense etiquetara 80 millones de pesos para dar mantenimiento a las zonas industriales.

Esto, tras un trabajo impulsado por el Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México (CCEM), entonces dirigido por Laura González Hernández, actual secretaria de Desarrollo Económico. 

Sin embargo, los recursos sólo alcanzaron para el reencarpetamiento de algunas vialidades en la zona industrial de Lerma y Toluca.

Se estima que las malas condiciones en las carreteras llegan a ocasionar gastos de arriba de los 36 mil pesos, en un sólo incidente vial, a los transportistas, de acuerdo a estimaciones de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C 

En tanto a los vehículos particulares, el daño puede oscilar desde los 3 mil hasta 30 mil pesos.

Cabe destacar que los mexiquenses cuentan con la Ley de Responsabilidad Patrimonial, a través de la cual pueden demandar al estado o municipio, por las afectaciones que sufren sus vehículos a causa de los baches y las malas condiciones que presentan las vialidades. Sin embargo, debido a que son trámites largos, muy pocos son los que inician el proceso. 

Esta Ley es reglamentaria del artículo 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, sus disposiciones son de orden público e interés general, y tiene por objeto fijar las bases y procedimientos para reconocer el derecho a la indemnización a quienes, sin obligación jurídica de soportarlo, sufran daños en cualquiera de sus bienes y derechos como consecuencia de la actividad administrativa irregular del Gobierno del Estado de México y Municipios.