En los últimos años se ha mostrado en la entidad un incremento considerable de los casos de abuso sexual, principalmente infantil, pues de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, este delito ha tenido un incremento de 931% en los últimos años, al pasar de 532 casos registrados en 2015 a 5 mil 486 en 2022, siendo principalmente las víctimas menores de edad y mujeres, así lo refirió la diputada local del Partido Acción Nacional (PAN), Ingrid Schemelensky.
En lo que va de 2023, dijo, con un corte al mes de mayo se tiene un registro de 2 mil 344 casos, destacando que en el 2022 la entidad ocupó la primera posición con 5 mil 486 casos, representando el 16.4% de los casos nacionales, seguido de la Ciudad de México con un 14% y Jalisco con 9.9%.
Por otra parte, indicó que, de acuerdo con la última Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las relaciones en los Hogares, levantada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 2021, el 14% de los casos de delito sexual en la infancia son cometidos por agresores conocidos de las víctimas y un 51% por los familiares, principalmente tíos y primos.
“En este sentido, es crucial que se actualice la normatividad en nuestra entidad relacionada con este delito para garantizar la protección efectiva a las niñas y niños, así como para establecer sanciones adecuadas a los perpetradores”, resaltó.
Lo anterior al explicar que, en la entidad, el abuso sexual se considera como un delito definido en el Código Penal, pero solo prevé como únicas agravantes la minoría de edad y la falta de capacidad para comprender el hecho; no obstante, dijo, en el 2018 se reformó el Código Penal federal para reconocer más agravantes y sancionar a los abusadores cuando tengan un vínculo con el menor.
Por ello, la legisladora panista ha propuesto armonizar la legislación estatal en materia de abuso sexual infantil para establecer que haya un pago de la reparación de los daños y prejuicios, tomando en cuenta el grado de afectación de la víctima y el tipo de terapia que se requiera; enfatizar que cuando sea cometido el delito por familiares, la pena se aumentará hasta en una mitad; y establecer que el culpable pierda la patria potestad o tutela que ejerciera sobre la víctima.
Dicha iniciativa ya ha comenzado a ser analizada por los integrantes de la comisión legislativa de Procuración y Administración de Justicia, acordando invitar a funcionarios de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) para determinar su viabilidad.