En el Estado de México entró en vigor la Ley para la Inclusión de Personas con Discapacidad, con la cual se crea el Instituto Mexiquense para la Discapacidad como un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y se da paso al Registro Estatal de Discapacidad.
Con esta ley que fue aprobada a mediados de marzo de este año, y que ha entrado en vigor con su publicación en Gaceta de Gobierno, se establece la obligación de los entes públicos estatales de integrar medidas para garantizar el pleno ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de los más de 756 mil mexiquenses que cuentan con discapacidad, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Respecto al Instituto Mexiquense para la Discapacidad, se indica que su función principal será el impulsar, coordinar y evaluar con y en las dependencias de la administración pública acciones y políticas públicas en materia de salud, protección social, educación, empleo, desarrollo social, movilidad, tránsito y transporte, accesibilidad, capacitación, deporte y acceso a la justicia, tendientes a garantizar la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad.
Otra de sus funciones será diseñar, coordinar y ejecutar programas estatales de certificación para la enseñanza de Lengua de Señas Mexicana y Sistema Braille y Accesibilidad.
En lo referente al Registro Estatal, este se llevará a cabo mediante una plataforma digital, cada persona usuaria registrada, deberá contar con su Clave Única de Registro de Discapacidad, la cual será obligatoria para cualquier trámite, servicio, gestión de apoyos o programas en materia de discapacidad.
Además, esta ley refiere que los edificios e instalaciones públicas deberán contar con señalizaciones en Sistema Braille y pantallas en los accesos principales, mostrando la información general de la institución o unidad administrativa, el nombre de la persona titular de la misma, sus atribuciones y funciones, la dirección, los números y correos electrónicos de contacto en macrotipos, lenguaje sencillo y Lengua de Señas Mexicana.
Asimismo, para garantizarles el acceso a la justicia, se indica que las instituciones encargadas de este tema, deberán contar con peritos especializados en las diversas discapacidades como apoyo de intérpretes de Lengua de Señas Mexicana, así como la emisión de documentos en Sistema Braille, lectura fácil, sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, y otras ayudas técnicas.
Por otro lado, se deberá promover la creación y certificación de cambiadores inclusivos, para uso exclusivo de las personas dependientes o con discapacidad severa.