Por unanimidad de votos, el Congreso Local aprobó la llamada Ley Ingrid, con lo cual de tipifica el delito de revelación o difusión indebida de imágenes, audios y documentos de una carpeta de investigación en trámite, imponiendo una pena de 3 a 6 años de prisión, pudiendo llegar hasta 11 años de cárcel si es cometido por algún servidor o servidora pública de la procuración y administración de justicia.
Con dicha ley se asegura que la información personal de una mujer muerta esté protegida y no pueda ser publicada por filtraciones, por lo que se podrá sancionar a la persona que indebidamente entregue, revele, publique, transmita, exponga, remita, distribuya, videograbe, audiograbe, fotografíe, reproduzca o comparta material del lugar de los hechos o del hallazgo, indicios, evidencias y/o instrumentos relacionados con procedimientos penales.
En el dictamen aprobado se indica que se le impondrán de 3 a 6 años de prisión y multa por un importe equivalente de 50 a 100 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, es decir, de 4 mil 500 a casi 9 mil pesos, estableciendo las siguientes agravantes: Primero, cuando las imágenes, audios o videos sean de cadáveres de mujeres, niñas o adolescentes, de las circunstancias de su muerte, de las lesiones o estado de salud, las penas previstas se incrementarán hasta en una mitad, es decir 9 años de cárcel. Segundo, cuando el delito sea cometido por persona servidora pública integrante de cualquier institución de seguridad pública o de impartición o procuración de justicia, las penas previstas se incrementarán hasta en una tercera parte alcanzando los 11 años de prisión.
Para llegar a este dictamen, es de referir que se conjuntaron y analizaron cuatro iniciativas en la materia, presentadas por Morena, el Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Con esta determinación, los diputados locales exponen que se busca evitar que se normalicen los actos agresivos, considerando que este tipo de imágenes difundidas en diversos medios y redes sociales, han vuelto a la sociedad insensible ante la violencia creciente y sobre todo ante la violencia contra la mujer.
Con la aprobación de la Ley Ingrid, el Estado de México se suma a la Ciudad de México y a Oaxaca, quienes han hecho lo propio para aprobar la revelación y filtración indebida de imágenes, archivos o información de carácter confidencial.