Al analizar la violencia en el acceso y permanencia del cargo de las mujeres electas popularmente, se identifica al ámbito municipal como el nivel de gobierno con mayor incidencia, y que es la violencia simbólica la que se comete en mayor medida, indicó Amalia Pulido Gómez, consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM).

Ante este contexto, se indicó que es indispensable que las autoridades electorales y de impartición de justicia redoblen esfuerzos para visibilizar y erradicar la violencia en cualquiera de sus formas, sobre todo, si se toma en cuenta que para 2024 en el Estado de México se estarán eligiendo más de mil 300 cargos locales.

A la par, indicó que el visibilizar la violencia política que han vivido las mujeres, permitirá a las instituciones ser más eficaces en la erradicación de este problema que obstaculiza el ejercicio igualitario de los derechos. 

A la par, indicó que de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE) en 2022 se presentaron 168 denuncias por violencia política en razón de género a nivel municipal, 28 estatal y 16 nacional, lo que refleja que sea fundamental para las autoridades electorales estar preparadas para dar respuesta óptima a quienes presentan una queja.  

“Es menester garantizar la participación plena de las mujeres en la vida pública y por ello, la contribución del derecho electoral en cuanto al combate de la violencia política de género no debe quedarse en los tribunales, a los órganos que administran elecciones, a la academia y a las organizaciones de la sociedad civil también nos involucra”, indicó.  

Lo anterior fue referido tras la presentación del libro “Violencia política contra las mujeres por razón de género en la justicia electoral”, en la que estuvo presente Felipe de la Mata Pizaña, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Siendo esta una obra que busca evidenciar que la violencia se despliega en todas las etapas y supuestos que implica para las mujeres desarrollarse en el espacio público; se analiza las obligaciones de juzgar con perspectiva de género e intercultural; además da a conocer sentencias y criterios que han permitido que la perspectiva de género, el reconocimiento y la protección de los derechos de las mujeres permee en las decisiones jurisdiccionales.