El Estado de México se convirtió en la entidad número 18 en despenalizar el aborto antes de las 12 semanas de gestación.
La decisión la aprobó el Congreso local con 55 votos a favor, cuatro abstenciones y siete en contra, principalmente del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
La medida se celebró por colectivas feministas que durante años han impulsado este cambio legal.
Al término de la sesión legislativa, mujeres congregadas en la plaza principal ondearon pañuelos verdes, corearon consignas y se abrazaron en señal de triunfo.
Límites de la reforma legal
Aunque la reforma representa un avance en términos de derechos reproductivos, especialistas y activistas señalaron que aún existen limitaciones en su implementación.
La despenalización permite la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación.
Sin embargo, después de ese periodo las sanciones incluyen multas y penas de cárcel.
Además, colectivos como Marea Verde destacaron que este logro no garantiza que el servicio esté disponible en el sistema de salud público.
Emma Obrador, integrante de la organización, explicó que no se han realizado reformas administrativas que aseguren la prestación de este servicio en hospitales y clínicas del sector salud.
“El reto es lograr que la interrupción legal del embarazo sea accesible para todas las mujeres, especialmente para aquellas en situación de vulnerabilidad económica”,
señaló.
Posturas divergentes ante la despenalización
Mientras las colectivas feministas celebraban la aprobación, grupos opositores expresaron su inconformidad.
Con rosarios en mano, integrantes de organizaciones religiosas y del Frente Nacional por la Familia realizaron vigilias y rezos frente a la Legislatura mexiquense, esperando que el dictamen no fuera aprobado.
Los detractores también manifestaron su esperanza en que la gobernadora Delfina Gómez pueda frenar la publicación de la reforma en la Gaceta Oficial.
Sin embargo, expertos señalaron que, una vez aprobada por el Congreso, la medida tiene que publicarse para entrar en vigor.
Próximos pasos para garantizar el acceso
La reforma legal abre la puerta para que al aborto se le reconozca como un derecho en el Estado de México, pero su implementación enfrenta desafíos.
Entre ellos, se requiere ajustar la normatividad administrativa para capacitar al personal de salud y garantizar la disponibilidad de servicios en hospitales públicos.
De acuerdo con Omar Ortega, diputado del PRD, quienes no puedan cubrir los costos de un procedimiento en instituciones privadas seguirán enfrentando barreras para acceder a este derecho.
“Muchas mujeres seguirán yendo a la Ciudad de México para interrumpir sus embarazos, lo que refuerza la desigualdad en el acceso”,
declaró.
La despenalización del aborto en el Estado de México marca un precedente en la lucha por los derechos reproductivos, pero también evidencia la necesidad de impulsar medidas complementarias que hagan efectivo este derecho.
Activistas enfatizaron que el objetivo final es lograr un aborto seguro y accesible para todas las mujeres, independientemente de su situación económica o lugar de residencia.